Las imágenes de la agresión sexual de un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales -UTOP contra una mujer mientras se la detenía por haber incumplido la cuarentena, ha circulado ampliamente por las redes sociales y ha generado diversas reacciones, que ponen en evidencia prejuicios e ideas sobre el abuso de poder, los derechos humanos y la violencia contra las mujeres en contexto de coronavirus.

Fue abuso. A pesar de que el video muestra con claridad que el policía mete mano entre los pliegues de la pollera de la mujer, hubo quien dudó si se trataba de una agresión o de un simple empujón. Al parecer el coronavirus no solo tuvo efecto en la relativización de los derechos humanos, sino también en la tolerancia social frente a actos de violencia y abuso, mientras se trate de preservar la salud de los bolivianos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el comandante de la Policía de La Paz se refirió al hecho como “presunto” y afirmó que debía investigarse, aunque lo minimizó al solicitar considerar las circunstancias en que se produjo. Otras autoridades han eludido responder a las consultas sobre lo acontecido, es el caso del viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santa María, y el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Iván Rojas. Un silencio que dice mucho sobre su interés y preocupación sobre la violencia contra las mujeres y el abuso en la actuación policial.

Ante las dudas, el Servicio Plurinacional de la Mujer, a través de un pronunciamiento, repudió el hecho y demandó su investigación. De manera similar, la Defensoría del Pueblo exigió que se proceda con una investigación interna para evitar que este hecho quede en la impunidad. Se trató de una violación de los derechos humanos de la detenida, porque se trataba de una acción estatal y un representante de la fuerza del Estado quien la comete. Por el carácter del hecho y al haberse hecho público, la Fiscalía debe iniciar la investigación.

La violencia contra las mujeres está naturalizada. Las redes sociales se desbordaron con justificativos. En criterios de muchos, se lo merecía, se lo había buscado por haber roto la cuarentena. La mujer ya había sido detenida, sin respetar criterios básicos de una detención a mujeres como evitar el uso excesivo de la fuerza, no tocar partes íntimas del cuerpo, no hacer insinuaciones sexuales a cambio de evitar sanciones o evitar manoseos o tocamientos de índole sexual.

En contextos de conflicto y crisis, o de emergencia sanitaria como la que vivimos, las agresiones sexuales por parte de militares o policías son frecuentes y no suelen denunciarse por miedo a represalias, porque existe una relación de poder, entre una mujer y un hombre y entre quien tiene el uso “legítimo de la fuerza” y quien debe someterse. El abuso sexual es un delito de orden público y no necesita denuncia para ser investigado.