El Libertador Simón Bolivar ordenó fusilamientos por actos de corrupción económica en las tropas, ojalá fuera lo mismo en la época que vivimos, por la magnitud del peculado, sin que nunca quiera decir que un hecho delictivo tape o borre el anterior, como ahora se pretende.

Decepción por la incompetencia gubernamental, es lo menos que se puede señalar indignados, por la depravación llevada al extremo, con la vil estafa a la salud del pueblo con los famosos aparatitos -que al parecer- nunca serán de alguna utilidad.

El Gobierno accidental, descalificado por sus propios errores, pecó de negligencia a la máxima potencia, convirtiéndose muy pronto en indigno de la confianza de la gente, que acató la sucesión constitucional de una parlamentaria, de las filas de un partido que apenas representa un 4% de la población votante.

Duele en el alma que, por la ineptitud de algunos políticos torpes, la democracia nuevamente esté en alto riesgo, con las amenazas inaceptables e impertinentes de quienes dilapidaron la bonanza económica, en múltiples gastos de olor putrefacto, que hasta ahora no fueron investigados debidamente.

Derribadas las presunciones o quimeras, de que el rico no necesita robar (Goni); o que el indígena es la reserva moral (Evo); o que los izquierdistas son más honestos que los derechistas (pruebas irrebatibles e innumerables), con razón, al ciudadano no le queda otra que poner bajo la lupa a todos los servidores públicos.

Es inadmisible, sobre todo en la era tecnológica, que funcionarios gubernamentales recurran a intermediarios (mercenarios audaces, disfrazados de empresarios) para realizar compras de alta sensibilidad, en lugar de gestionar directamente con el proveedor, si prefieren vía diplomática.

Es peor aún, que el Gobierno no reaccione con firmeza y legalmente ante el chantaje del timador comprobado, que amenaza, sin escrúpulo alguno, con no entregar accesorios y el software para el funcionamiento de los aparatitos entregados electoralmente por la Presidenta candidata.

Toda Bolivia y el mundo saben que con el anticipo del 50% ya se pagó sobradamente el costo real, más ganancias ilícitas de los entrometidos intermediarios, ante la atónita pasividad de los funcionarios, antiguos (masistas) y nuevos (verdes).