Nuevamente el mundo se ve escandalizado por la cantidad de dinero que varios empresarios y políticos logran acomodar en los “paraísos fiscales”, todo para evitar el pago de impuestos y, sobre todo, el evitar dar explicaciones del origen de esos dineros. Si bien, en muchos países (incluida Bolivia) esta acción no es un acto ilegal, no menos cierto que este se constituye un acto inmoral, ya que el evitar el pago de impuestos, va en contra de la gente pobre ya que el Estado no contará con esos montos evadidos, así también reduce los ingresos de universidades y municipios.

En el caso boliviano se tiene a tres personas (dos de ellas ligadas al movimiento de octubre 2019), los cuales en los siguiente días darán a conocer los investigadores internacionales.

A nivel internacional, los expertos estiman que la evasión impositiva sobrepasan los 600.000 millones de dólares, ni qué decir de los montos invertidos en acciones, de dudosas actividades legales, como ser el tráfico de armas, de personas o el financiamiento a organizaciones catalogadas como terroristas, flagelos que a nivel mundial se pretende combatir con normativa legal similares en todos los países.

En este aspecto, la ley de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo lo que pretende es “estandarizar” la normativa a nivel internacional (ya aplicada por la mayoría de los países), para que la lucha contra estos flagelos sea más efectiva y eficiente, sin vulnerar los derechos legales y económicos de las actividades transparentes. No es nada lógico, creer que el gobierno investigará a los gremiales por sus ganancias, que en el mejor de los casos llega a 2.000 dólares, pero sí deberá investigar y castigar a los contrabandistas que generen ganancias y acumulación de capital que fácilmente alcanzan a millones de dólares, producto de ingresos ilegales de mercaderías.

No es lógico y, además, es fácilmente demostrable que los parlamentarios aumenten sus patrimonio (por ahorro, herencias y otros), lo cual no será objeto de investigación, pero sí se deberá contar con herramientas jurídicas para evitar los casos como el del exministro Arturo Murillo, que tan solo en 11 meses llegó a ser socio de empresas inmobiliarias en el país y tener su empresa y buenos dólares en Estados Unidos, o como el caso de los respiradores en época de pandemia.

Los opositores (parlamentarios y líderes) deberán cumplir con su trabajo y dejar de hacer politiquería. Me parece correcto que tengan sus observaciones, pero no es correcto tratar de generar desconfianza en la población con mentiras que bordean la ciencia ficción, como que el gobierno controlará a cada uno de los bolivianos y podrán entrarse a su casa o negocio a simple denuncia y otras patrañas sin fundamento. Es bueno informar, que Bolivia al ser parte de foros y organismos internacionales tiene la obligación “moral” de adecuar su normativa para que los delitos internacionales sean eficientemente reprimidos y nuestro país no se convierta en recinto de estos delincuentes solamente por el hecho de no contar con una normativa adecuada.

FORO

Miguel Ángel Marañón Urquidi

Economista

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