Los ciudadanos nos vimos sorprendidos cuando la mayoría de las nuevas autoridades electas declaran que los presupuestos de sus entidades es muy reducido, acusan al gobierno que no les transfiere lo presupuestado. Es más, algunos se animan a dar porcentajes indicando que el gobierno dejó de transferirles 40% o 50% de su presupuesto.

Estas autoridades cometen el error de pensar que el presupuesto es una obligación que el Estado debe cumplir en su totalidad, el presupuesto es la herramienta financiera por la cual se proyectan los ingresos y gastos que podrían alcanzar las entidades. Esta proyección está sujeta a variables que ningún gobierno puede controlar, por ejemplo, el precio de las materias primas. Supongamos que el Estado proyectó vender para la gestión 2021, mil barriles de petróleo a un precio de 50 dólares, tendría un presupuesto de 50.000.- (proyectado), sin embargo, debido a que la economía internacional se ralentiza por la pandemia, el precio internacional rebaja a 45, la recaudación será de 45.000; la diferencia de 5.000 no puede ser considerada como deuda o como una reducción de presupuesto.

Lo mismo sucede con los recursos de coparticipación tributaria, se proyecta recaudar una determinada cantidad producto de los impuestos nacionales, pero viene una pandemia y reduce la actividad económica, 50% igual se tendrá una diferencia entre lo presupuestado y recaudado, sin que esto signifique una deuda.

El Presupuesto General del Estado (PGE) está constituido por beneficiarios, así tenemos que las recaudaciones se dividen entre municipios, gobernaciones, universidades y gobierno central, vale decir, que cuando disminuyen las recaudaciones se ven afectados todos los beneficiarios incluido el gobierno central, el cual tiene obligaciones irrenunciables como ser el pago de los maestros, médicos, policías, fuerzas armadas y otros de carácter social.

La operatividad de la distribución de los recursos se da cuando las entidades encargadas de las recaudaciones (YPFB-hidrocarburos, Impuestos Nacionales tributos) depositan al BCB y esta entidad abona de forma automática a las cuentas de los beneficiarios, vale decir que no necesita autorización de ninguna autoridad para realizar esta operación, si se recauda 1.000 se distribuye 1.000, si se recauda 500 se distribuye 500.

Sin embargo, el presupuesto de los municipios, gobernaciones y universidades también incorporan sus recursos propios, en el caso de gobernaciones tenemos la administración de los campos deportivos, recaudaciones por personerías jurídicas y otros; en el caso de municipios, impuestos sobre bienes inmuebles, vehículos; en el caso de universidad matriculas, cursos de post grado y otros. No escuché a ninguna de las nuevas autoridades referirse a estos recursos, se olvidan de la autoevaluación y solo exigen al gobierno central.

Un segundo aspecto que no tocan las nuevas autoridades, son los saldos de caja y bancos los cuales son capital dormido en las cuentas bancarias de cada entidad. Al 31 de diciembre de 2020, estos saldos (de gobernaciones municipios, gobiernos indígenas y regionales) alcanzaban a más de 5.800 millones de bolivianos; en este aspecto, las nuevas autoridades tienen el reto de demostrarnos eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, vale decir “saber gastar”.

FORO

Miguel Angel Marañón Urquidi

Economista

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