Las ciudades posmodernas han pasado a ser espacios densamente habitados, con una clara fragmentación espacial, destacando grandes diferencias de confort infraestructural y una latente posibilidad de ser expuestos a una serie de contaminaciones. Cochabamba no es la excepción, y en la actualidad la mala calidad ambiental y la disfuncionalidad en su estructura tributan en favor de la captación de enfermedades, tal es el caso del actual azote sobre la salud: el coronavirus.

El COVID-19, que llegó sin advertencia y se propaga aceleradamente, devela la insuficiencia del actual sistema de salud y su precariedad en cuanto a equipamiento e infraestructura, cuyos impactos implacables sobre la salud son resultado de un mal proceso de planificación urbana. La concentración poblacional en grandes áreas periurbanas de la ciudad con menor planificación y baja gestión institucional reflejan como producto una fuerte presencia de efectos negativos ambientales, funcionales, estructurales y de salubridad. 

Los sectores periféricos y marginales con asentamientos informales en zonas de riesgo físico y ambiental, infraestructura sanitaria precaria y fuerte hacinamiento, son proclives a mayores condiciones de avance del contagio. Las diferencias físico funcionales, socio ambientales y económicas, vinculadas mayormente con los servicios y la infraestructura, como la calidad del agua, el manejo de residuos sólidos, y las distancias de desplazamiento, aumentan la probabilidad de infestación, con el respectivo riesgo de transmitir a otros sectores urbanos de la ciudad.

Hoy está presente el COVID-19, pero también está la inseguridad ciudadana que produce ciudades desiertas y ciudadanos desterrados a su privacidad, con temor a la interacción humana y miedo a la ciudad, al espacio público y al transporte colectivo, donde la globalización de los temores tiene fuerte incidencia negativa en el manejo global de las ciudades.

La experiencia de enfermedades sociales debe incidir en el mejoramiento del comportamiento de la ciudadanía, la funcionalidad de la ciudad y los procesos de planificación mediante la creación de una Política Nacional de Desarrollo Urbano y una Agenda Social Urbana, donde la gestión pública no sea respuesta a las necesidades políticas partidarias, sino a la satisfacción de las verdaderas exigencias de la población. Se busca un nuevo modelo urbano más habitable, peatonalizado y policéntrico funcionalmente, con valores sociales de solidaridad, comunidad, mejor distribución del espacio, vínculo con la otredad, equidad, sostenibilidad y justicia social como el mejor antídoto contra los virus de la ciudad.