Una de los ideas fuerza del Estado Plurinacional es gobernar obedeciendo al pueblo, lo que quiere decir que los hombres y las mujeres deben tener la posibilidad de expresar sus necesidades y demandas en relación a las políticas, planes, programas y proyectos propuestos y desarrollados por las autoridades en actual ejercicio, entonces la participación ciudadana es obligatoria. 

De la misma forma, las y los ciudadanos que tienen relación con cualquier instancia estatal, ministerio, empresa pública, gobernación o municipio, tienen la potestad de tener el control social de los proyectos y los gastos ejecutados, así lo estipula la Ley N°341 de Participación y Control Social. En verdad, en la práctica no siempre se han cumplido estos objetivos, primero porque los políticos permiten la participación solo de sus allegados y de acuerdo a sus intereses y, segundo, porque  para la rendición pública de cuentas no se tiene la suficiente información para tener claridad de lo ejecutado y lo gastado.

Si bien es cierto que a nivel general la participación tiene sus problemas, si tomamos en cuenta a las mujeres la situación es aún más crítica. Las mujeres tienen serias dificultades para el reconocimiento de su condición de ciudadanas, especialmente cuando elevan sus reivindicaciones específicas con relación a la ciudad.

Aunque desde la revolución de 1952, los derechos políticos de las mujeres se han  ampliado, su práctica ciudadana nunca ha sido plena, pues existe una visión legalista, liberal y patriarcal, que prioriza lo masculino.  Es decir, que se toma como sujeto y ciudadano al ser humano varón, occidental, blanco y heterosexual y a su práctica ciudadana, sin considerar la diversidad de género, cultura, generación, opción sexual y otras prácticas de  ejercer la ciudadanía. Significa pues, el mantenimiento del dominio patriarcal que se asienta en la reproducción de comportamientos, costumbres y valores culturales, que toman al hombre blanco sus necesidades y demandas como el sujeto prioritario.

Por ello, es imprescindible que las mujeres diversas puedan participar en el espacio público, en los procesos de planificación y gestión y, en general, en la vida de la ciudad. Es ineludible asegurar el ejercicio de la ciudadanía política a partir del lugar de vida más cercano, el municipio y la ciudad. Es por eso que su presencia es necesaria, ya sea en cargos institucionales municipales, en los mecanismos de participación y control social o desde la reivindicación colectiva de sus derechos en los espacios públicos.

Con la ausencia de las mujeres en esos espacios se genera uno de los desequilibrios más fuertes en el ejercicio de la ciudadanía social: la tensión entre la inclusión-exclusión de las mujeres 

Algunos planteamientos en el marco de la participación municipal  es que se debe desarrollar un programa de formación orientado a la participación democrática activa de las mujeres en la gestión municipal, mecanismos de participación en la definición de lo público e impulsar una agenda colectiva de mujeres. También se debe lograr el ejercicio de una ciudadanía de mujeres activa, participativa y propositiva, evitando acciones patriarcales del uso del poder y la violencia política.

Pero lo más importante es lograr  presupuestos municipales orientados a la inclusión de  las mujeres, y al reconocimiento de sus derechos a la ciudad, a su presencia activa en el espacio municipal y a la plena participación en los procesos de gestión del territorio.

SENTIDO COMÚN

MARÍA ISABEL CAERO

Arquitecta

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