Las feministas nos hemos sentido orgullosas de ser el segundo país en el mundo que ha logrado que las mujeres ocupen el 50%, en los niveles legislativos del Gobierno. Y es que la Constitución, la ley 018, la Ley 026 de Régimen Electoral y la Ley 2771 de Agrupaciones Ciudadanas establecen que la democracia boliviana debe sustentarse en la equidad de género e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de Gobierno y de representación, lo que significó una acción positiva para disminuir la brecha existente entre mujeres y hombres, en la participación política.

Si bien este es un gran logro, porque rompe con esquemas patriarcales de que solo los hombres son aptos para ejercer la política, al mismo tiempo ha acarreado problemas que hace que estos logros tengan su contraparte negativa para las mujeres.

En primer lugar, la disputa por la ocupación de los cargos electorales ha sido desigual, las mujeres se han visto presionadas a seguir cumpliendo con sus roles tradicionales, lo que las limita a realizar una mejor gestión. De la misma forma, los varones que aspiraban a ejercer los cargos políticos se han sentido amenazados y con menos posibilidades. Esto ha creado una reacción negativa que se ha expresado en acciones de desvalorización hacia las mujeres desde su vida íntima y privada o con amenazas violentas contra ella y/o su familia. También ha sido sorprendente la obstaculización al cumplimiento de sus roles legislativos y especialmente los de fiscalización, puesto que es una gran amenaza para aquellos que querían servirse de su poder para acciones ilícitas. Por estas razones e identificando estas acciones como negativas para el ejercicio de la gestión de las mujeres, la Asociación de Concejalas ha elaborado la Ley N°243 Contra el Acoso y Violencia Política. 

Entre los problemas más reveladores que aún persisten están: en primer lugar que la paridad y alternancia no se da en los niveles ejecutivos, que es donde se hacen realidad las políticas y los planes, por ello, fácilmente se soslayan los enfoques de equidad de género en la ejecución de los planes y proyectos.

Pero lo más preocupante en el momento actual, frente a la cercanía de una nueva elección en nuestro Estado Plurinacional, es que se ha olvidado el principio de paridad para los binomios electorales nacionales, una comprobación de la persistencia del pensamiento patriarcal y del mismo modo de la poca confianza, compromiso y necesidad de incluir en el más alto nivel de la política, la otra mirada de más del 50% de la población. Con la presencia de una mujer en el binomio para Presidente y Vicepresidente y en las autoridades electas, se puede conseguir más inclusión, más proyectos para el cuidado de la vida y de la naturaleza, menos violencia y feminicidios, más respeto a los derechos humanos y mayor justicia.

En la perspectiva actual  y en la anterior elección, ninguna organización política ha planteado llevar como candidata a una mujer en los binomios, entonces se necesita recordarles lo que estipula la Constitución y las leyes. Por ello, desde el Movimiento de Mujeres y desde la sociedad es imprescindible presionar al Tribunal Supremo Electoral para que realmente se aplique el principio de paridad y alternancia en todo el sistema electoral, caso contrario se los puede demandar por incumplimiento de deberes.