Diariamente escuchamos noticias sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres en el seno del hogar, donde se supone que es el lugar más seguro. La realidad muestra que no es así y que hoy, con el confinamiento, hay más mujeres atemorizadas que junto a sus hijos e hijas solo aguantan y se resignan a su suerte. Así, nos duele decirlo, se siguen cometiendo feminicidios.
También se dice que el Estado es el garante de los derechos de todos y todas las que habitamos este país, pero en los hechos sabemos que es el instrumento más eficaz en contra de esos derechos.
Ya en las décadas del 70 y 80 muchas mujeres fueron detenidas, torturadas, violadas y asesinadas por oponerse a las políticas dictatoriales; pero aun así no lograron doblegarlas y hoy algunas siguen firmes en la lucha por conseguir paz y justicia para este pueblo, que hasta hace más de una década vivió en un sistema de desigualdad y pobreza.
De igual modo, los que están en el poder, de las organizaciones políticas y sociales, en su mayoría varones, ejercen violencia y discriminación contra las mujeres, por verlas como competencia o porque se oponen a algunos manejos nada claros. Ese fue el análisis que realizaron las concejalas del país, donde a la par se ejercía violencia contra ellas y por esta razón el año 2012 se aprobó la Ley N° 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.
Estos días hemos sido informadas de la detención que ha sufrido Patricia Arce, Alcaldesa de Vinto. Ella ya fue acosada y violentada los días aciagos de cambio de gobierno; en esa oportunidad fue una turba que planificó y atentó contra su vida, mientras que ahora son las propias instancias del Estado que incursionan en su hogar y la detienen con acusaciones triviales. Lo triste es que también detuvieron a sus hijos y al menor lo recluyeron en un hogar para menores infractores, sin considerar que esta acción va en contra del Código Niño, Niña y Adolescente, donde se establecen los derechos de los menores.
Es sintomático el acoso contra la Alcaldesa, vale la pena recordar que estos actos están tipificados en la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, que en uno de sus artículos determina: “ Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra  mujeres en el ejercicio de la función política -  pública   y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender o impedir el ejercicio de su mandato o su función, será sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 8 años”.
Es bueno preguntar ¿qué es lo que pretenden con esta violencia política; intentan amedrentar, asustar a una mujer, doblegar su voluntad? ¿Por qué no aceptan que hay mujeres consecuentes que no se venden ni se alquilan, acaso esas actitudes no son torturas permanentes para su integridad física y salud mental?. A aquellos que ahora están en el poder, les recordamos que en este país hay leyes, que Bolivia ya no es la misma y que las mujeres ya no son sumisas y se rebelan contra todo tipo de violencia.
Es urgente que las organizaciones de mujeres levanten su voz, no solo contra los maridos agresores, es necesario identificar y denunciar estas otras violencias que hacen daño y socavan aún más la dignidad, la libertad, la autonomía y el derecho a vivir en paz. Es necesario también denunciar a ese patriarca misógino gigante, inserto en el Estado.