No cabe duda que en la ciudad la expresión más clara del sistema capitalista es allí donde hay la necesidad del derecho a la vivienda y a la tierra urbana. 

Según nuestra Constitución, la vivienda es un derecho humano y, por lo tanto, el Estado debería garantizar el acceso a ella en condiciones económicas razonables, lo que normalmente no sucede; así se crean problemas de tipo mercantil y de crecimiento irrespetuoso de las ciudades, con problemas de insatisfacción y de perdida de la calidad de vida. 

Es muy claro que cuando la gente tiene ahorros, invierte en un lote o una vivienda porque, de esta manera, su dinero no pierde valor. Pero también para aquellos que tienen mayores recursos económicos, entrar en el sistema inmobiliario capitalista es una inversión garantizada.

De ahí que, en las ciudades donde prima este sistema y donde hay un crecimiento poblacional acelerado, producto de las migraciones o del crecimiento vegetativo, la posibilidad de tener vivienda es una necesidad sin precedentes. Por tal razón, en nuestra ciudad y en muchas de Latinoamérica se han creado redes informales e instituciones dirigidas a lucrar con esa necesidad. 

Lo real es que estas redes y/o instituciones inmobiliarias, consiguen comprar terrenos baratos de los viejos campesinos propietarios, terrenos que no se encuentran dentro del área urbana, en zonas no aptas para la urbanización, o finalmente porque son extensiones destinadas a otros usos como ser áreas verdes, de equipamiento o de forestación.

Como el objetivo es tener elevadas ganancias sin importar si es correcto o no, utilizan todos los medios posibles para lograr su ambición y, por ello, la corrupción es un medio fácil que involucra a loteadores y capitalistas, en alianza con funcionarios. 

Por esta razón, se hacen propuestas de cambio de uso del suelo o de “adecuación de uso del suelo” donde fácilmente se lotean, áreas verdes o de equipamiento y de forestación.  Antes de la Ley 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, el cambio de uso del Suelo debía ser aprobado por la Asamblea Legislativa, pero, con la Ley actual basta que los técnicos busquen una justificación para la aprobación del cambio de uso del suelo y así se forman barrios sin áreas verdes.

Por otro lado, siguiendo en la línea del desarrollo capitalista de nuestra ciudad, han crecido los edificios en altura, cuyos diseños para departamentos en propiedad horizontal son cada vez más pequeños. Este crecimiento vertical no siempre respeta la norma de alturas definida por la Municipalidad y por el contrario son legalizados con reglas específicas mediante  esas alianzas oscuras. Entonces la corrupción es el gran gigante que beneficia a los ilegales y la lucha contra ella es una lucha de David contra Goliath.

Sin embargo, hay la esperanza de cambiar estas prácticas y proponer acciones que formen parte de la ética en el diseño de la ciudad y garantizar la calidad de vida en contra de la ganancia ilícita.

Los Municipios para transformar ese sistema de especulación, deben desarrollar políticas para contar con un banco de tierras y así la población pueda adquirir terrenos o viviendas a precios razonables, no especulativos y sin ganancia exagerada para los capitalistas.