Tragedias y desventuras inmerecidas
Luego de reflexionar acerca de la situación política del departamento de Cochabamba, me resulta imposible evadir la pregunta ¿qué hicimos para merecer semejante desdicha e infortunio?
Cual si fuera insuficiente la crisis sanitaria que ha situado a la región en el tercer lugar con más casos de contagios por el COVID-19, después de Santa Cruz y el Beni, también debemos tolerar la gestión deficiente y la falta de coordinación de autoridades departamentales y municipales, en la implementación del protocolo para la cuarentena departamental de mitigación de la pandemia, aprobada por Decreto Departamental 4455 de 29 de mayo de 2020.
Tanto la gobernadora interina Esther Soria como el siempre polémico alcalde del Cercado, José María Leyes, demostraron que sus intereses y prioridades político-partidistas son más urgentes que atender la crisis sanitaria que, día que pasa, tiende a agravarse por la falta de centros de aislamiento y la sobresaturación de hospitales centinelas en el departamento.
En el primer caso, la Gobernación controlada por el MAS -como era de esperarse- está enfrascada en frontales disputas con el gobierno central, primero, por el control del SEDES; segundo, la falta de celeridad en el equipamiento y provisión de insumos de bioseguridad a hospitales; tercero, la tendencia a promover “boicots mediáticos” a las disposiciones gubernamentales; cuarto, su evidente solapamiento a movilizaciones y amenazas de marchas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad por parte de sectores afines a su partido; quinto, el accionar permisivo y displicente ante las contravenciones previstas en la flexibilización de la cuarentena, cuando vecinos de K’ara K’ara decidieron bloquear el ingreso de carros basureros al botadero y, por último, la Gobernadora junto a la mayoría de asambleístas de esta tienda política, actuaron con total indolencia y apatía durante estos 90 días de emergencia sanitaria declarada en el país.
Punto aparte merece la conducta del alcalde Leyes, quién nunca logró comprender la verdadera magnitud de la crisis sanitaria en el Cercado. Ello es comprensible, pues estuvo ocupado en resolver sus líos con la justicia, dada su tendencia a infringir –sea por acción u omisión- normas y procedimientos administrativos, lo cual resulta irónico dada su formación en Derecho.
Cual infante voluble e inseguro, el pasado 04 de junio hizo público su alejamiento del municipio y que estaba a la espera de la conformación de la nueva directiva del Concejo Municipal para que designe un nuevo alcalde, alegando que su mandato concluyó el 31 de mayo y prorrogarse sería una “señal de tiranía”. Poco duró su intención de mantener su posición, pues 11 días después, incumplió su palabra. Tal determinación, además de ahondar su desprestigio, censura y alicaída imagen política, también ratifica que tanto el honor, la honestidad e integridad, la palabra empeñada, la ética, los valores y principios morales nunca fueron sus mejores credenciales de presentación.
Rodeado de “bases prebendales”, azuzados por el fanfarrón pleitista de su intendente, ratificaría su continuidad en el cargo, al típico estilo ladino y maniobrero de quien se aferra con uñas y dientes a una inmerecida silla edil, símbolo de una gestión ineficiente y plagada de actos de corrupción desmedida.
Es inaudito que los cochabambinos tengamos que soportar estas tragedias y desventuras de autoridades, cuyas diferencias políticas y tendencias por recuperar estructuras de poder sean prioridades sobre la gestión de la urgencia sanitaria y que da cuenta de ejecuciones presupuestarias funestas del 14% de la Gobernación y de apenas 1% por parte de la Alcaldía de Cochabamba.
Ambas autoridades deben asumir responsabilidades civiles y administrativas, por no haber elaborado anticipadamente un plan de mitigación con previsión de resultados verificables; medidas de atención y equipamiento de centros de salud y la habilitación de centros de aislamiento para pacientes del COVID-19.
MARCELO CHINCHE CALIZAYA
Docente e investigador UMSS