Haciendo un análisis en retrospectiva del escenario político nacional, podríamos señalar que los niveles de intolerancia, agresividad y totalitarismo instalados, permitieron visibilizar prácticas discrecionales de imposición, chantaje y desmedida manipulación en periodos electorales. Esta situación debilita los cimientos de la democracia vigente, la voluntad, la libre expresión y la pluralidad; tan esenciales para asegurar respeto y legitimidad al principio de la mayoría en cualquier competencia electoral.

Al parecer, los fanatismos obcecados junto a la presencia de consignas extremistas están socavando preceptos básicos que -a modo de códigos de conducta- solían regular las contiendas electorales, pues era comprensible dar cuenta de rivalidades partidarias circunstanciales.

Por otro lado, la exteriorización de militancias activas y comprometidas hacia uno u otro partido en carrera electoral, confería sentido a la libre elección individual de grupo o sector que ansiaba sumar adeptos a su causa; recurriendo hábilmente al empleo de discursos efusivos y envolventes de acercar las propuestas al potencial elector. Asimismo, las visitas del candidato a los barrios y comunidades no generaba mayores sobresaltos que pongan en peligro el orden social.

Hoy, las cosas cambiaron drásticamente, pues resulta perceptible la presencia de partidarios en extremo violentos y agresivos, cuya ausencia de sensatez, tolerancia y respeto a la libre expresión se han convertido en artífices del vil e indigno enmudecimiento de aquellas expresiones ideológicas contrarias, sentando soberanías falaces e imaginarias de “territorios” -cual bastiones infranqueables- a los que solo es posible arribar previa anuencia de esta pléyade de fundamentalistas anárquicos que hicieron de la politiquería barata y delincuencial, el medio para acceder a las “apetecidas pegas”.

Imagino que sus mejores cartas de presentación para tal propósito, no será precisamente su capacidad e idoneidad para ejercer cargos públicos -pues están lejos de cumplir con tales requisitos-, dado que resulta más meritorio mostrase ante los jerarcas del partido, como aquel intrépido maniobrero e ideólogo que directa o indirectamente planifica desmanes grotescos y delincuenciales, movilizando muchedumbres para cerrar calles y avenidas; organizando cuadrillas de fanáticos inescrupulosos que propalan estribillos y arengas belicosas y amenazantes o, quizá peor aún, en flagrante atentado a la integridad física de los “otros”, lanzando piedras, petardos o gases lacrimógenos para impedir la presencia de caravanas y concentraciones de los circunstanciales rivales políticos que se atreven a incursionar en sus comunidades y barrios.

Tal como señalara Voltaire en su obra “El Tratado sobre la tolerancia” (1763), para que “un gobierno no tenga derecho a castigar los errores de los hombres es menester que esos errores no sean crímenes; y son crímenes únicamente cuando perturban a la sociedad: perturban a esa sociedad desde el momento en que inspiran el fanatismo”. No se trata de buscar culpables, pero es inútil rehuir la responsabilidad gubernamental de regular esta oleada de excesos y contravenciones que alientan el imperio de la intolerancia política; aunque desnuda un doble discurso que, por un lado, busca inspirar valores democráticos pero que actúa lejos de los mismos cuando afecta sus intereses.

Estamos ingresando en una peligrosa escalada de intolerancia, violencia y desmedido fanatismo político que amenaza con destruir la paz social y los más sagrados principios democráticos de un sistema político, cuya obligación y deber es garantizar el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes; el resguardo y cumplimiento de la Constitución Política del Estado, el respeto a los derechos humanos; así como la vigencia plena e inalienable de valores como la justicia, libertad, igualdad, solidaridad y pluralidad.

ENTRELÍNEAS

MARCELO CHINCHE CALIZAYA

Catedrático universitario e investigador

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