Ya no deja de sorprender a propios y extraños el accionar ladino de algunos políticos, cual hábiles expertos maniobreros, continuamente evaden obligaciones y responsabilidades de orden jurídico, recurriendo al uso de argucias y chicanearías por doquier.

Es el caso del polémico burgomaestre de Cochabamba, José María Leyes, a quien definitivamente el cargo le resultó ser “demasiado grande”, sin tomar en cuenta que semejante investidura, junto a la pléyade de concejales que lo acompañan, literalmente les “cayó del cielo” el 2015; pues la ciudadanía prefirió elegirlo “por descarte” de la mejor perfilada Rebeca Delgado, en la pugna por la silla edil con el MAS.

Tales circunstancias, permitieron a Leyes y sus correligionarios, acceder al dominio y control del gobierno municipal. Seguramente, ni el más optimista de los cochabambinos hubiese imaginado avizorar “días negros” para el desarrollo y progreso de una de las principales ciudades del país. La desmedida angurria de poder, la inexperiencia, el afán tendencioso de incurrir en conductas impropias que dieron lugar al despilfarro de recursos, tráfico de influencias, contratos lesivos al Estado y otros, consolidaron la presencia impune de la “corrupción” como sinónimo y marca particular de la paupérrima gestión edil, pronta a culminar “sin pena ni gloria”.

Este pintoresco personaje quizá con un futuro promisorio, si al menos hubiere demostrado integridad y decoro, será insufriblemente recordado por sus continuos líos con la justicia que, a “modo de maldición” -en el sentido romántico del término-, junto a su exagerada “viveza criolla” con el que logró adherir a cuanto ingenuo y aliado circunstancial a “su beneficiosa causa” de aferrase a la silla edil.

Cómo olvidar las polémicas adquisiciones irregulares de las 92.000 mochilas escolares chinas con un sobreprecio de más de 10 millones de bolivianos, en la gestión 2016 y similar modus operandi en el 2017 y 2018; de los cuales, ya cuenta con dos acusaciones formales y una tercera pendiente. La Fiscalía Anticorrupción lo acusa por los delitos de uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles con la función pública, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.

Tras beneficiarse con medidas sustitutivas a la detención preventiva –más de 1 año recluido en la cárcel de San Antonio-, lograría un infortunado retorno al municipio, pues nuevamente está en el ojo de la tormenta por las denuncias de adquisición de cámaras térmicas con sobreprecio, así como la adjudicación irregular de raciones alimenticias para efectivos policiales y militares, durante la emergencia sanitaria al dueño del restaurante Bunker Grill, quien no habría cumplido con la presentación del Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

Sobre este último caso, Leyes evadió a prestar declaración ante la Fiscalía el pasado 18 de mayo, aduciendo encontrarse en aislamiento domiciliario por supuesto contacto con dos pacientes positivos de coronavirus. Aunque más tarde, tras someterse a la prueba PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa), del laboratorio departamental de referencia del SEDES, dio negativo al COVID-19.

Al parecer, el Alcalde es un experto en el arte de las argucias y chicanearías a las que convenientemente recurre a vísperas de acudir a sus audiencias programadas por el Ministerio Público, llegando inclusive a “enfermarse” en al menos seis ocasiones, por dolencias variadas como cálculos biliares, presión alta, depresión crónica y este último, por posible contagio del COVID-19.

En la hora crucial del mea culpa, probablemente comprenderá que su falta de visión política, la inexperiencia, los errores y desaciertos en el ejercicio de la función pública fueron, en definitiva, los factores que condujeron al descrédito general en el que se encuentra.