Es altamente preocupante el incremento de casos de COVID-19 en Cochabamba, que ocupa el tercer lugar después de Santa Cruz y el Beni, en relación a pacientes y decesos confirmados.

Tras el sexto informe del Índice de Riesgo Municipal, del Ministerio de Salud, el pasado 11 de junio, se tiene que 15 municipios se encuentran en la categoría de riesgo alto. Estos son Cochabamba (capital), Entre Ríos, Puerto Villarroel, Quillacollo, Shinahota, Sacaba, Capinota, Chimoré, Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe, Tolata, Colomi y Villa Tunari.

Dicho informe, también identificó 10 municipios con mayor alto riesgo, distribuidos en Beni, Tarija, La Paz, Potosí, Pando, Cochabamba y Santa Cruz. El municipio cochabambino de Entre Ríos, se encuentra en esta categoría.

Varios factores explican esta realidad, como ser: la falta de conciencia e imprudencia ciudadana para cumplir con medidas de bioseguridad, el distanciamiento social y la restricción de salidas innecesarias; la omisión de hábitos de higiene permanente y el uso obligatorio de barbijos para mitigar la transmisión y contagio del virus. A ello se suma la improvisación y el manejo displicente de las autoridades departamentales (Gobernación y gobiernos municipales) y el SEDES, para encarar el protocolo para la cuarentena departamental de Mitigación de la Pandemia aprobada mediante Decreto Departamental 4455 de 29 de mayo de 2020, que flexibiliza la cuarentena en Cochabamba.

Por otro lado, es reprochable y censurable la actitud obstinada de la dirigencia del autotransporte, el comerciantado y algunas organizaciones vecinales que, guiados por intereses de diversa índole, coaccionaron y doblegaron a las autoridades a flexibilizar las medidas de contención que permitieron hasta no hace mucho, ralentizar la propagación, contagio y transmisión del COVID-19.

Lo cierto es que la gobernadora interina, Esther Soria –actualmente, en aislamiento voluntario- junto a los alcaldes de los municipios con índice de riesgo alto, deberán asumir su responsabilidad administrativa por este alarmante ascenso de contagios registrados y, principalmente, reconocer que “fue un craso error” el haber flexibilizado las restricciones y creer puerilmente en el autotransporte, comerciantado, sindicatos y organizaciones vecinales, guiados al parecer, por intereses netamente políticos.

Es el caso de la región del trópico, bastión duro del MAS, donde el burgomaestre del municipio de Entre Ríos, Aurelio Rojas, uno de los principales instigadores y agitadores a negar la existencia y presencia del COVID-19, actualmente se encuentra entubado y en estado crítico a causa de esta enfermedad, en una clínica privada de la ciudad de Cochabamba. La tendencia a desinformar y soslayar la gravedad de la emergencia sanitaria, ha conducido al crecimiento exponencial del contagio en este municipio –que ostenta el mayor número de pacientes y decesos confirmados- al igual que en Shinahota, Puerto Villarroel, Villa Tunari y Chimoré, con una tasa de letalidad es de 6,6% y concentra casi la mitad de los casos de coronavirus en el departamento.

Nunca les importó contemplar los reportes de riesgo alto que exhorta mantener las restricciones de circulación vehicular, prohibición de salidas de personas menores de 18 años y menores de 65 años, suspensión de reuniones y concentraciones masivas por ser estos focos de contagio y diseminación del virus.

A este ritmo, la sobresaturación de los hospitales centinelas en el departamento es inminente, dada las múltiples limitaciones relativas a la disponibilidad de camas, Unidades de Terapia Intensiva, insumos y equipos de bioseguridad.

Ojalá que las autoridades estén a tiempo de aplicar medidas correctivas conducentes a reevaluar la condición de riesgo, el endurecimiento de medidas de contención, sin descartar incluso el “retorno a la cuarentena rígida”, dado que es imperativo hacer cumplir los protocolos de bioseguridad para precautelar la salud y bienestar de la población.