Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 18 de septiembre de 2020
  • Actualizado 22:34

No hay más ciego que el no quiere ver

No hay más ciego que el no quiere ver

En el año 2018 tuvimos en La Paz uno de los desastres ambientales más grandes de Bolivia. El vertedero de Alpacoma se derramó, generando un impacto negativo en más de 10.000 personas. En ese tiempo, la noticia fue tan grande, que se buscaron muchas soluciones a un problema que no solo es de La Paz, sino de todo el país.

En Bolivia, una persona genera unos 202 kilos de residuos sólidos por año (World Bank), estando por debajo del consumo promedio mundial. Es casi cuatro veces menos que EEUU, país que genera más residuos per cápita del mundo. Siendo solo 11 millones de personas y con una generación tan baja, ¿cómo puede ser que nuestras ciudades estén entre las que más polución tienen de la región?

La Ley 755 de Gestión Integral de Residuos es una norma que tiene como objetivo solucionar este problema. El espíritu de la ley es muy bueno, determinando conceptos de Responsabilidad Extendida al productor, objetivos de prevención antes que disposición final y promoviendo la mejora continua del sistema de gestión de residuos, donde los que generan la polución son los encargados de pagar por esta, promoviendo además la  implementación de una “Tradicional Economía Circular”. Una hermosa copia del modelo de gestión de residuos Catalán. Pero entonces, ¿cuál es el problema de que no se pueda implementar? Está fuera de contexto.

Ferronato y la Universidad Italiana de Insubria determinan en su investigación sobre el sistema de gestión de residuos sólidos de La Paz que, debido a que existe una deficiencia en  “monitoreo ambiental, educación y preocupación pública, sistema de acopio de basura, programas reales de reciclaje y asignación de recursos”, es inviable a corto plazo la implementación de un sistema de gestión de residuos  tipo europeo.

Por otro lado, en el momento de aplicación de la ley, se están esforzando en regular a las empresas que trabajan en esos temas, sin pensar que el espíritu de la ley es controlar a los generadores y no burocratizar a los acopiadores, recolectores, recicladores y valorizadores de los residuos sólidos. Si bien copiaron las obligaciones de los sistemas europeos, se olvidaron reproducir los incentivos económicos que permitan que los privados inviertan en este sistema de economía circular. Pero está fuera de contexto porque no toma en cuenta lo que en mi reciente investigación en la Universidad de Michigan State denomino “Economía Circular Natural” y que será parte de mi próxima columna.