Con una foto para el recuerdo, un 9 de julio de 2020, una reconocida periodista hacía la presentación social del “equipo económico” de Jeanine Áñez. En él,  se encontraba Juan Antonio Morales (JAM), expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB). Aquel era, seguramente, su momento: dejaba la banca de suplentes y jugaba de titular; la tribuna golpista arengaba, ¡ahora que tenemos, bien le cascaremos!

Y le cascaron no más con el crédito del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que una vez que se desembolsaron los recursos en cuentas del Tesoro General de la Nación (TGN), alguien les pasó la voz: faltaba la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). ¡Qué pequeño detalle! Como si fuera poco, su solicitud extemporánea ante la ALP fue rechazada de manera unánime por la bancada del MAS y la de Demócratas. Sí, exacto, los de la gobernación de Santa Cruz, de donde venía Carlos Schlink, bajaban el pulgar.

Entonces, el artículo que escribe JAM no proviene de un expresidente del BCB, y docente en mérito de una prestigiosa universidad, sino de un exasesor del gobierno de facto, quien, junto a otros, fue parte del “Staff de iluminados economistas”. Luego, su fracaso como  “gurú de la banca central” lo lleva a una defensa intransigente y negligente, pues en todo su artículo obvia que, al no contar con la aprobación de la ALP según el artículo 158 de la CPE, este crédito era irregular. Fin de la discusión.

Veamos la cronología: El 18 de marzo del 2020, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) solicita al FMI un crédito por el 50% de la cuota de Bolivia en el marco del IFR.

- El 10 de abril, el expresidente del BCB Guillermo Aponte y el exministro del MEFP José Luis Parada envían una carta de intención al FMI en la que solicitan un financiamiento  de emergencia de 240,1 DEG mediante el IFR.

- El 13 de abril, llega una misión de asistencia técnica del FMI para determinar las condiciones del IFR.

- El 16 de abril de 2020, el FMI solicita, al BCB, instrucciones para el abono del crédito y le realiza un cargo del servicio de USD 1.638.499, 0.50% del total del crédito. Vale decir que se cobra comisión antes de realizar el desembolso.

- El 17 de abril, el Directorio del FMI aprueba la solicitud de crédito con la siguiente puntualización: “Las autoridades de Bolivia se comprometen a alcanzar un déficit fiscal, sostenible en el mediano plazo, mientras continúan manteniendo un fuerte apoyo al gasto social y a adoptar otras medidas económicas y financieras según sea necesario”.

Por si fuera poco, JAM se contraargumenta en su análisis al no mencionar el Decreto Supremo 4277, mismo que indica en el parágrafo I del artículo 2: “Cumplida la formalidad establecida en el numeral 10 del parágrafo I del Artículo 158 de la Constitución Política del Estado, se dispone la transferencia de los recursos de la asistencia otorgada bajo el IFR del FMI como apoyo presupuestario para el TGN, destinados para cubrir las urgentes necesidades fiscales y de balanza de pagos…”. Pues una de las diferencias sustanciales fue que los recursos del IFR fueron al TGN y las Asignación de los DEG a las Reservas Internacionales. Más claro, transparente.

Si para JAM lo antes descrito es similar a la reciente Asignación de DEG, habiendo sido presidente del BCB, esto se explica por lo más obvio. JAM Morales entiende, como muchos exasesores de Áñez, que se cometió un delito en la obtención del IFR y, comprendiendo que no existen hechos técnicos o legales debatibles, apela al análisis de forma y enfoca su discurso en que cualquier dinero que provenga del FMI viene a ser  “lo mismo”.

Este enfoque y otros le serían claros si Morales le diera un mínimo de importancia a la academia, en especial hoy en día, siendo un profesor emérito y expresidente del BCB. Le haría muy bien a su hoja de vida transmitir su conocimiento técnico al alumnado porque, para ironías mal desarrolladas, otros ya le llevan la delantera en TikTok. Sr. Morales, sea original, sea académico.

Antes de terminar, deseo preguntar a JAM, lo siguiente: si todo estaba bien, ¿por qué no se utilizaron los 240,1 DEG, en la gestión de Áñez, del cual usted fue asesor?, ¿por qué no insistió en el uso de estos recursos supuestamente destinados al COVID-19?

Para cerrar, respecto a su amenaza de que “Llegará la hora de establecer a quiénes corresponden las responsabilidades políticas por una decisión desacertada”, le informo que ya existen procesos iniciados en instancias competentes en contra de exservidores públicos que participaron en esta irregularidad.

FORO

Carlos F. Camargo Ticona

Comunicador Social

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