No fueron solo 15.000 dólares de los bolivianos que gastó el Gobierno en actos religiosos durante la cuarentena, según el cálculo de Página Siete. Este medio no toma en cuenta un segundo vuelo en helicóptero sobre la ciudad de Santa Cruz con líderes de la Iglesia Evangélica Casa de Oración, donde el hermano de la Presidenta es uno de los pastores. Tampoco contabiliza el costo de la gasolina y los salarios de choferes, policías y militares que facilitaron “procesiones” en Semana Santa en varias ciudades del país.

¿Por qué hay un gasto abusivo, anticonstitucional e ilegal de los impuestos de todos para promover la fe de algunos, cuando el personal de salud no tiene los insumos mínimos de bioseguridad para atender la pandemia, y cuando por falta de recursos no se tienen las pruebas suficientes para detectar casos de Covid-19? Por dos razones principales:

Primero, porque desde una mentalidad autoritaria, para la Presidenta y para varios de sus ministros que participan entusiastamente en esta violación de la Carta Magna, el Estado Laico no es legítimo. Para ellos, es una “imposición del MAS”, como lo dijo claramente Áñez en una entrevista a la BBC en noviembre pasado. Áñez no concibe una democracia plural con una discusión abierta de políticas públicas, sin descalificar a sus oponentes como “herejes”. Es por esto que ella sustentó su rechazo a la Ley de Identidad de Género el 2016, porque desde su estrecha mirada religiosa, la misma “va en contra de la Palabra de Dios”.

Segundo, porque el actual Gobierno carece de legitimidad democrática para enfrentar la pandemia. No fue elegido por voto y hay serias dudas sobre el carácter constitucional de la sucesión de Áñez. En estas circunstancias, necesita algún recurso que muestre sus acciones ante la crisis sanitaria como legítimas, como válidas. El gastar dinero público en actos religiosos particulares, y el convocar a jornadas de ayuno y oración, muestran a la Presidenta como alguien “escogida por Dios” para esta hora crucial. Esta búsqueda de legitimidad religiosa se hace ahora más imprescindible que nunca, cuando debe convencer a la ciudadanía que la estrategia del Gobierno represiva antes que sanitaria, es el mejor camino porque “responde a la voluntad de Dios”.