Opinión Bolivia

  • Diario Digital | viernes, 29 de marzo de 2024
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Víctimas revictimizadas por la Justicia

Víctimas revictimizadas por la Justicia

Cotidianamente presenciamos manifestaciones, marchas de protesta y diversas expresiones de angustia de familiares de víctimas de violencia sexual, feminicidios, infanticidios y otros que, ante la desidia de la justicia, la indiferencia gubernamental y la cada vez mayor apatía de algunos sectores de la sociedad van constituyéndose en parte del panorama y la impunidad legal y social que tiene efecto estimulante para la repetición de conductas atentatorias a los derechos de mujeres, niñas y niños.

Con insistencia, se ha denunciado que, aunque la pena de muerte legalmente no existe en Bolivia, el sistema de Justicia produce sus propias víctimas mortales; es el caso del ingeniero José María Bakovic y el licenciado Marco Antonio Aramayo, ambos procesados en casi todos los asientos judiciales del país con imputaciones por los mismos delitos con el fin de desgastarles moral y físicamente hasta acabar con su vida; siendo la motivación principal simple y llanamente echar tierra sobre los casos de corrupción perpetrados por altas autoridades del Estado.

Otro ejemplo son las respuestas a familiares de los asesinados en diferentes circunstancias como la rehén del asalto a la joyería Eurocronos y en las movilizaciones de Senkata y Sacaba, por señalar solo algunas.

En ambos casos ni la Policía de investigación científica, el Ministerio Público ni el Órgano Judicial han podido ni querido responder hasta la fecha a cuestiones básicas como: en el caso Eurocronos, ¿Quién es el autor del disparo que desde el alto de un edificio apuntó certeramente sobre la humanidad de Ana Lorena Torres? ¿Quién dio la orden al francotirador y por qué? ¿Qué acciones realizaron para identificar al asesino? ¿Por qué la Fiscalía cerró el caso y pasó ante el juez unas diligencias inconclusas?

Lo incomprensible y doloroso para las víctimas y la ciudadanía es que el tribunal aceptó esas diligencias defectuosas y en sentencia dejó en la impunidad el asesinato de una mujer en situación de total indefensión.

En el caso Senkata y Huayllani, los familiares con legítima razón exigen una investigación científica e independiente que determine, sin lugar a dudas, las circunstancias, el calibre de las armas, la dirección y distancia de los disparos y la identificación real de los autores materiales e intelectuales; no se resignan al uso político de su dolor, demandan la verdad. Pero a la Justicia, ciega, sorda y sometida al poder político y poderes fácticos, no le importa revictimizar a las víctimas. ¿Algún día se les responderá en derecho a estas personas que claman verdad, reparación y no repetición?

DE FRENTE 

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]

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