Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 19 de septiembre de 2020
  • Actualizado 02:22

Tragedias anunciadas

Tragedias anunciadas

La incredulidad, el impulso de desafiar a la naturaleza, la corrupción, la debilidad institucional del Estado y otros fueron los que ocasionaron que, por segunda vez, la población de Tiquipaya sufra las consecuencias de las inclemencias del tiempo. 

Desde hace muchas décadas, expertos en materia de manejo de cuencas fueron alertando sobre los peligros que se ciernen sobre el valle cochabambino, sobre todo, por la fragilidad de los suelos que cubren la cordillera, motivo por el que se destinaron ingentes  recursos de la cooperación internacional como del Estado para canalizar las torrenteras y diseñar con precisión los niveles sobre los cuales no se podían autorizar asentamientos humanos y construcciones  de viviendas, calles o avenidas para evitar la destrucción de la flora local que ha servido para contener el deslave de los suelos.

Los entendidos en la materia alertaron a las autoridades y la población sobre la imprevisibilidad de la naturaleza y la necesidad de desarrollar todos los mecanismos de cuidado. 

Una vez restituida la democracia, los gobiernos, la UMSS y la cooperación internacional se pusieron manos a la obra y  procedieron a la canalización de las principales torrenteras, gracias a las cuales no se repitió el arrastre de lodo como sucedió la noche del 31 de diciembre de 1979 cuando la mazamorra cubrió  las zonas de Sarco y Condebamba . 

Sin embargo, en una actitud de irreverencia hacia la naturaleza y menosprecio a la ciencia, autoridades municipales y departamentales, no solo que descuidaron el mantenimiento de las torrenteras, sino que aprobaron la construcción de urbanizaciones sin respeto a las franjas de seguridad exigidas, pero también hay quienes que, incitados por delincuentes  traficantes de tierras, se asentaron donde les pareció más atractivo y cómodo a sus intereses y  construyeron, aprovechando la debilidad de las instituciones para hacer cumplir la Ley, y en su caso,  usar maquinaria pesada para destruir todo lo ilegalmente construido.

Hoy, frente a una tragedia anunciada, lo que queda es reubicar a los/as damnificados/as, posiblemente para eso sirvan las construcciones del anterior gobierno que permanecen vacías y que la gente en pequeñas cuotas pague el precio del costo real de las mismas, obrar con firmeza contra los nuevos asentamientos en zonas prohibidas, así cuesten votos.