Ante la alarmante cifra de feminicidios ocurridos en el país (73 a la fecha), la población, especialmente las mujeres, demandan decisiones claras para enfrentar desde diferentes ángulos el problema, cuyos efectos no se limitan a la privación de la vida de las víctimas, sino que atentan contra el futuro de las/os hijos/as, la familia y la tranquilidad de la comunidad.

La Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, aprobada como respuesta a la protesta social provocada por un desgraciado suceso como el asesinato de la periodista Analí Huaycho, perpetrado por su marido, un oficial de Policía muy cercano a los círculos del poder político; a seis años de su promulgación no ha cumplido con su objeto y propósito, ni se hicieron efectivas las asignaciones de recursos previstas en el D.S. 2145, provenientes del IDH. 

En días pasados, el llamado Gabinete de la Mujer, a la cabeza del Presidente, declaró prioridad nacional el combate a la violencia contra las mujeres y los feminicidios; además, presentó un decálogo en el que propone un pacto con instituciones públicas y el sector privado para prevenir, investigar y sancionar la violencia machista y para gestionar a nivel internacional la declaratoria de crimen de lesa humanidad al feminicidio. Decálogo que no pasa de expresión de aparente preocupación, porque reitera como única fuente de recursos el IDH y no afecta ni mínimo porcentaje de los ministerios de la Presidencia, Comunicación o Defensa que son los que se llevan una buena parte de la torta del TGN sin otro beneficio que la exaltación de la figura del Jefe de Estado, su seguridad o la lucha contra la oposición política.

Preocupa que no se tome conciencia en ningún momento que la inefectividad de las leyes con sus virtudes y defectos, en gran medida se debe a la debilidad institucional de los sistemas de Educación, Justicia, las gobernaciones y municipios, a los que se les suma responsabilidades, pero no se les incrementa sus presupuestos ni se respeta su autonomía e independencia.

Entre tanto no se resuelvan estos problemas, será inútil cualquier solución propuesta con fines electorales que solo busca adormecer dolor de las víctimas y la indignación social. Una política seria pasa porque el poder político empiece a dar ejemplo de respeto a la Constitución, las leyes y las normas básicas de la democracia; renuncie al manejo irresponsable y arbitrario de los recursos del Estado; sin eso, todo quedará como solución de papel.