Víctimas sobrevivientes de muchos acontecimientos dolorosos sucedidos en el país demandan con legítima y justa razón que la Justicia responda a interrogantes como, quién decidió dar fin con sus vidas, cuáles fueron las razones de tal decisión, qué armas fueron usadas y quién o quiénes ejecutaron. 

Las familias de los muertos y heridos en Senkata, Sacaba, Quillacollo, Montero, Challapata y otros,  quieren que los autores sean procesados y condenados de acuerdo a su grado de participación; que los daños ocasionados por esos ilícitos sean reparados y que el Estado boliviano dé al pueblo garantías de no repetición. Sin embargo, estas demandas que merecen todo el apoyo posible para que la verdad salga a la luz, al ser similares en sus efectos a las ocurridas en La Calancha (2007), suplicio y asesinato de Christian Urresti (2007), masacre en El Porvenir (2008), ejecución sumaria en el hotel Las Américas (2009) y otros, se hallan ante el riesgo de correr la misma suerte: ser usadas por las actuales autoridades de gobierno de manera selectiva, innoble e inmoral para perseguir y encarcelar arbitrariamente a quienes no coinciden con ellos y, principalmente, con Evo Morales, tal y como manda el manual de su partido.

La justicia boliviana cooptada y controlada por el poder político, no ha hecho, y al parecer no hará  nada, para garantizar una investigación seria e imparcial, que dé certezas a las familias y a toda la población; al contrario, con el manoseo político que se hace de las víctimas han contaminado las pruebas que, con certeza, recuperarlas será una tarea muy difícil. Para colmo, tampoco los organismos internacionales ayudan mucho para llegar a la verdad, no solo por comodidad burocrática, sino también por la propensión de muchos/as funcionarios/as de subirse a los carros de moda, prefieren mirar para otro lado cuando, actualmente, de señalar a los revolucionarios del Siglo XXI se trata. 

La respuesta a las demandas de Justicia que hoy constatamos es el uso grosero y revanchista del sistema judicial para beneficio del partido de gobierno, sin dar lugar a una investigación científica, seria e independiente que profundice los hallazgos preliminares que fueron presentados en cada uno de esos casos; se identifique, procese y sancione a los/as responsables, respetando en todo momento los principios y valores contenidos en la Constitución Política del Estado, los códigos y tratados internacionales de DD.HH.

La revancha política, aun cuando se disfrace de justicia no es tal y no honra la memoria de las víctimas.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada. Defensora de Derechos Humanos

julietamontañ[email protected]