Como si no fueran suficientes las tensiones que sufre la población por la pandemia Covid-19, la crisis económica, la inseguridad que amenaza contra la vida, la propiedad  y muchos otros problemas, el Gobierno ha decidido enfrentarse con quienes piden la realización del Censo de Población que ya debía realizarse el año 2022; una tarea que cualquier gobierno medianamente serio debía hacerlo sin mayores discusiones, más cuando la realización de esta actividad se halla prevista en la Constitución Política del Estado y las leyes para cada diez años. 

Las autoridades, cuya obligación es cumplir con lo que las leyes disponen, sin explicación fundamentada, simplemente decidieron postergar el Censo hasta el año 2024, cual si se tratara de un evento sin mayor importancia para el país. Como era de prever, la reacción de la gente no se dejó esperar y desde diferentes puntos del país se escucharon voces de reclamo que llegaron a enfrentamientos como en Santa Cruz, donde descontentos/as y militantes del MAS dirigidos por autoridades y funcionarios públicos dependientes de la administración central, incluido un ministro, se enfrentaron violentamente. Con sobrada razón, la medida del Gobierno es calificada como una gran irresponsabilidad que refleja su falta de interés por contar con información actualizada, veraz y confiable sobre cuánta gente vive en Bolivia, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuál la composición por grupos de edad, nivel de educación, formación profesional, ocupación, vivienda, actividad económica a la que se dedica; número de habitantes de los diferentes departamentos, ciudades, provincias, cantones o comunidades y muchos datos más que son primordiales para el diseño de políticas públicas. Estos datos también son de interés de la ciudadanía, porque en ellos se verán reflejadas las tendencias de avance o retroceso en el que nos encontramos en el país y las regiones y sobre los que se tomarán las decisiones personales o familiares como migrar o quedarse en el lugar; invertir sus ahorros y otros aspectos relativos a su proyecto de vida.

Se dice que es difícil que se pongan de acuerdo entre el Gobierno y quienes demandan la realización del Censo el año 2023 porque “se ha politizado”; pero, ¿acaso no es política la decisión de hacer o no hacer un censo y cómo usar los datos incluso para la distribución de todos los cargos electivos en el parlamento, asambleas y concejos municipales?

El Presidente debe dejar de lado su caprichosa e incomprensible resistencia y acordar el Censo para el año 2023.

DE FRENTE   

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]