La pregunta que recurrentemente se hace en el país y fuera de él ante las órdenes y contraórdenes que circulan en la administración pública es ¿Quién gobierna en el país?

Desde un punto de vista formal, el mando del Estado le corresponde a Luis Arce Catacora, que fue favorecido por el voto popular en unas elecciones gestionadas por la expresidenta constitucional Jeanine Áñez; sin embargo, la realidad es absolutamente distinta porque el que hace y deshace es el expresidente Evo Morales Ayma, que desde su reino instalado en el Chapare se halla empeñado en recordarles al Presidente y Vicepresidente que el cargo que ocupan se lo deben a él y a nadie más que él y que las tareas fundamentales que tienen son: convencer al mundo que el año 2019 no hubo fraude, que don Evo Morales no huyó del país sino que lo echaron a través de un golpe de Estado dirigido únicamente a su persona y su círculo de socios, no así al parlamento en el que contaba con dos tercios de votos. 

Paralelamente a estas acciones, ambos mandatarios deben garantizarle que la mujer que tuvo la osadía de sentarse en la silla presidencial, mueble al que tanto ama, sea condenada de ser posible a cadena perpetua, aun si no existe prueba alguna sobre los cargos que se le imputan, pues para eso están los fiscales y jueces de medio pelo a los que les beneficiaron con la pega sin tener los mínimos méritos académicos ni éticos. Pero como la herida provocada con el alejamiento de la presidencia es tan profunda, también deben ir a parar a la cárcel todas las personas que se negaron y se niegan a demostrarle amor incondicional a EMA. 

De esta manera, don Luis Arce y don David Choquehuanca se han convertido en marionetas de un ser que solo hallará paz el día que vuelva a ocupar la presidencia y retome su vida de lujos y excesos, pero, sobre todo, que tenga garantizada su inmunidad así sea que sus amigos y socios de negocios suelten la lengua ante tribunales gringos.

Por si acaso el gobierno formal tenga la tentación de olvidar a quien le debe el favor de estar en la Casa Grande del Pueblo y que sus familiares hagan negocios jugosos a costa del Estado, una fracción del partido tiene la tarea de paralizar rutas, provocar millonarias pérdidas al aparato productivo, crear ingobernabilidad en municipios y gobernaciones sin que las fuerzas de seguridad muevan un dedo.

Ante este panorama de miseria humana e institucional en la que la ciudadanía no tiene resguardados de ninguno de sus derechos, la respuesta a la pregunta señalada no es otra que: gobierna la arbitrariedad, el odio, la sumisión y la desvergüenza.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]