Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 21 de mayo de 2022
  • Actualizado 03:07

Misterios por resolver

Misterios por resolver

En Bolivia suceden hechos misteriosos, que si se resolvieran, muchos problemas de carácter económico, político, social y logístico de la administración pública serían superados. Desde que la persecución al narcotráfico fue asumida como política de Estado, se han aprobado leyes y decretos para combatir este ilícito negocio, procediendo a la detención y condena de miles de personas vinculadas a él; un porcentaje mínimo de gente poderosa a la que se le incautan casas, terrenos, mansiones de lujo, edificios, maquinaria, vehículos, avionetas de toda marca y precio, joyas y dinero en efectivo en bolivianos, dólares y otras monedas.

Con la Ley Nº 913 de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas de 16 de marzo de 2017 se reemplazó la Ley 1008. Una finalidad de la Ley es: “Establecer la pérdida de dominio de bienes como instrumento jurídico de carácter real, independiente de la responsabilidad personal, que evite la consolidación y disfrute sobre activos y bienes de origen ilícito vinculados a actividades de tráfico ilícito de sustancias controladas” y crea DIRCAVI que por D.S 3434 de 17 de diciembre del mismo año, es la encargada de la “…administración de los bienes y activos secuestrados, incautados, confiscados, así como de los bienes y activos cuyo dominio haya sido declarado a favor del Estado; y la acción de pérdida de dominio”. 

Con bastante frecuencia las autoridades informan sobre la incautación de bienes y dinero, pero no existe ningún informe público que dé cuenta del paradero de los mismos, en alguna oportunidad salieron noticias sobre la disposición abusiva de esos bienes, pero ninguna autoridad fiscal, judicial o comisión legislativa se molesta en hacer un seguimiento a fondo para que la población conozca sobre a quienes se beneficia con esos bienes, en qué invierte el Estado el efectivo incautado o lo logrado por monetización. Así mismo, queda en la nebulosa si la droga decomisada es incinerada como señala la Ley o se la guarda para fotografiarla en otra oportunidad, en el pasado al menos se lo hacía en presencia de los medios de comunicación, aunque tampoco estaba fuera de sospecha de simulación.

Ahora que el escándalo destapado por periodistas chilenos sobre la vinculación de autoridades con el robo de vehículos ha tocado las fibras más sensibles del Gobierno, su partido y la Policía, ¿no sería oportuno que se empiece a transparentar esa parte de la administración? Son misterios  que el “hermano Lucho” tiene obligación de develar.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]

Entrando en la página solicitada Saltar publicidad