Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 28 de marzo de 2024
  • Actualizado 16:35

Leyes como armas para destruir la democracia

Leyes como armas para destruir la democracia

Es conocido que gobiernos autoritarios, civiles o militares tienen un ritual similar en todas partes del mundo; lo primero que hacen luego de tomar el poder, mediante elecciones o golpes de Estado, es desmantelar las instituciones democráticas existentes y cubrir los cargos con incondicionales al grupo gobernante, de esta manera se aseguran la imposibilidad del surgimiento de corrientes críticas dentro de las instituciones. El paso siguiente es la negación de los derechos de las personas que no comulgan con  sus ideas aplicando implacables acciones de persecución y silenciamiento de cualquier disidencia. Sin embargo, como todos los países forman parte de la comunidad internacional  y esta observa, así sea solo formalmente, la legalidad o ilegalidad de las acciones de los Estados, un gobierno autoritario se esmera en modificar la legislación para adecuarla a sus propósitos represivos y de encubrimiento de la corrupción que es su razón de ser, para lo que en tiempo récord aprueban normas con las que de facto modifican la propia Constitución Política del Estado e interpretan los tratados internacionales de Derechos Humanos de acuerdo a sus intereses. Por eso no es extraño encontrar en todas las leyes o decretos, desde las más represivas y negadoras de la dignidad humana, de la vida, la libertad y todos los derechos humanos, frases de introducción como “de conformidad con lo que dispone la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales” 

Bolivia no es la excepción, desde la instalación del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) a la encabeza de Evo Morales hasta la actual administración de Luis Arce Catacora, los Órganos del Estado, que en teoría debían ser independientes unos de los otros, han terminado fusionados con el Órgano Ejecutivo que se halla ubicado por encima de los otros órganos (Legislativo o el Judicial) desde donde los somete y al igual que a instituciones como la Contraloría del Estado, la Procuraduría, el Defensor del Pueblo y otros que en países con un mínimo de democracia, independientemente si son gobernados por la derecha o izquierda, guardan  al menos relativa autonomía.  En Bolivia imaginar algo como eso resulta una quimera, pues todos dependen de la soberana voluntad del Presidente del Estado y su estrecho círculo de asesores nativos y extranjeros. Demandar la separación de poderes, respeto a la CPE, los tratados internacionales y los Derechos Humanos constituye delito de conspiración, terrorismo y tentativa de magnicidio. Con la aprobación acelerada de leyes que modifican el Código Penal, usando su mayoría, lo que pretende el gobierno es dotarse de armas más eficaces destinadas para someter “con la ley en la mano” a la población y destruir cualquier atisbo de democracia que aún queda.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DD.HH

julietamontañ[email protected]

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