El día miércoles 9 de febrero, la justicia constitucional boliviana dio lugar a un nuevo espectáculo vergonzoso al negar la legítima y legal acción de libertad planteada por la defensa de la expresidenta constitucional transitoria Jeanine Áñez.
En momentos en que todo el sistema de justicia es cuestionado y repudiado por la corrupción y la venalidad de quienes son parte de él: jueces, fiscales, policías, personal de apoyo, abogados, etc. y de la imperiosa necesidad de dar mínimas señales de voluntad de reencausar sus pasos, el Tribunal Constitucional Departamental de La Paz, dócilmente sometido al poder político, decidió dar visto bueno a la continuidad de la violación a los derechos humanos y constitucionales de la exmandataria, que desde hace más de once meses se halla con detención preventiva, no obstante su delicado estado de salud y su condición de exmandataria del Estado.

Por su parte, la justicia penal representada por el Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, constituido en un instrumento del odio político, señaló el día jueves 10 pasado  para el inicio del juicio oral, en el que sucedieron algunos hechos que llaman la atención: primero, que sea virtual cuando por la importancia del proceso y la necesidad de dar inequívocas señales de transparencia imponen que el juicio sea presencial y público en el que se vean frente a frente los actores y el tribunal, y que el país sea informado en directo de cada una de las actuaciones de las partes; segundo que el denunciante Andrónico Rodríguez brilló por su ausencia, sea porque la justicia no le inspira ningún respeto o porque podría ser que le quede alguna gota de sangre en la cara y sienta vergüenza del lamentable papel de verdugo que juega contra una mujer que valientemente asumió la conducción del país en un momento en el que las hordas desbocadas de su partido el MAS recorrían calles y avenidas gritando “ahora sí, guerra civil”, sedientos de sangre humana; tercero que hubieron señales que dan lugar a la sospecha de pretender juzgar a Jeanine Áñez con jueces sin rostro, ya que no se veían las caras de los miembros del tribunal y a momentos ni siquiera se escuchaban las exposiciones de la defensa o lo que determinaban las autoridades; y para completar el cuadro de abusos, los guerreros digitales del partido de gobierno se encargaron de convocar a su gente para que copen totalmente los espacios de la audiencia, mientras en la calle gente sin escrúpulo, cargada de odio, se daba a la tarea de agredir a la hija de la procesada y a la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, física y verbalmente con expresiones descalificadoras muy propias de esa organización política.

Con aplicar la Constitución y transparentar este proceso, los operadores judiciales del gobierno le harían el gran favor de no permitir que la justicia penal se halle al servicio del odio político.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.
Abogada, feminista, defensora de DD.HH
julietamontañ[email protected]