Los esfuerzos sistemáticos de las autoridades de Bolivia por distorsionar la realidad y acomodar a los intereses de quienes detentan el poder, visiblemente o desde las sombras, muestran con claridad que se trata de una política de Estado bien definida con el fin de convertir a la población en consumidora pasiva de todo lo que emana de instancias oficiales.

Después de la renuncia y huida a México de Evo Morales al descubrirse el grosero fraude electoral, las instrucciones de los que manejan los hilos de las políticas populistas en América Latina fueron a negar la renuncia y denunciar que fue víctima de un golpe de Estado; libreto que lo adoptó con mucha facilidad, le servía para representar el papel de víctima que es la pasión de su vida y lo que mejor sabe hacer sin necesidad de estudiar arte dramático.

Inmediatamente instruyó a sus seguidores esforzarse para convencer a la población que en Bolivia no hubo fraude, sino golpe de Estado; empero, pese al empeño y las inversiones monumentales realizadas desde los tres órganos del Estado no fue posible modificar la convicción que tienen las/os bolivianos sobre el gran fraude electoral.

El malestar de Evo Morales al no conseguir limpiar su imagen es tal que él y su partido decidieron imponer la impostura como política oficial y que los órganos del Estado y las instituciones creadas por la Constitución para defender a la sociedad y los bienes del Estado obedezcan y apliquen a pie juntillas, dejando de lado cualquier norma en contrario.

Iniciaron por asegurar la impunidad de todos los crímenes cometidos por sus correligionarios mediante una Ley de Amnistía exclusiva para esa parcialidad, siguieron con la persecución política usando al sistema de justicia para encarcelar y mostrar como trofeos de guerra a la expresidenta Constitucional Transitoria, altos mandos militares, exministros y exviceministros con desconocimiento absoluto de los principios de presunción de inocencia, debido proceso, juez imparcial, etc.

Al constatar la incredulidad de la gente sobre el golpe y la evidencia de cada vez mayor pérdida de confianza en el discurso oficial, en un esfuerzo por descalificar el informe de 36 expertos en materia electoral de la OEA, desde la Fiscalía General del Estado contratan los servicios del Grupo de Investigación dirigido por un profesor universitario y dos de sus alumnos por el equivalente a 26.475 euros para que en tiempo récord emitan un informe a la carta, liberador de responsabilidad y que le sirva de base al fiscal Lanchipa para lavarse las manos y cerrar el caso fraude sin pudor alguno. Tanto el gobierno y el Ministerio Público ¿serán conscientes de la gravedad de los efectos sociales de una política de Estado basada en la impostura?

DE FRENTE 

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DD.HH

julietamontañ[email protected]