En Bolivia, de manera sistemática y abierta, se va naturalizando la impunidad  independientemente de la gravedad del delito y los daños provocados a personas individuales o la colectividad.

Sorprende cómo los tres órganos del Estado se han puesto de acuerdo para que la ley no alcance a personas de cierta tendencia política, porque consideran que los delitos que estas cometen son actos de heroísmo, por los que en lugar de ser sancionados deben ser premiados como señal de gratitud. Es esta la conclusión a la que llegamos al revisar la prensa nacional e internacional que registra con precisión y detalle que los ilícitos que mayor simpatía despiertan en los grupos del poder gobernante son aquellos que suponen apropiación dolosa de los recursos económicos, enriquecimiento ilícito, en síntesis, todo lo que supone corrupción,  sobre todo si fueron cometidos durante la presidencia de Evo Morales; aunque también delitos como violación sexual, violencia machista y otros entran en el paquete de impunidades cuando los autores exhiben el carnet de militante del partido.

Los archivos de obrados dispuestos por el Ministerio Público o sobreseimientos dictados por jueces en favor de quienes incendiaron casas de personas que no comulgaban con su ideología, atentaron contra sus vidas, destruyeron decenas de vehículos de transporte público municipal, manipularon de la manera más grosera los resultados electorales y se dieron a la fuga; incitaron a la violencia extrema contra un pueblo que únicamente demandaba democracia y respeto a las leyes. Cometieron actos de terrorismo y ocasionaron muertes que merecían ser serena y seriamente investigadas por organismos independientes, son la prueba objetiva de que existen personas a las que no alcanza la ley.

Este ambiente desolador provocado por políticos que no merecen ser llamados tales, fiscales y jueces que han perdido todo sentido de independencia y dignidad, legisladores/as que solo están para levantar la mano de acuerdo a la consigna que reciben y esperar el fin de mes para recibir sus dietas, resulta ser un escenario muy peligroso para la estabilidad democrática y la convivencia ciudadana. Porque si para unos el registro en las listas de un partido es garantía de impunidad y también de grandes premios como embajadas, consulados, altos cargos en la administración pública; los miles de privados de libertad que durante años esperan sentencia, bien podrían demandar el mismo trato, gozar de impunidad en aplicación del principio de no discriminación. No sería raro un amotinamiento generalizado de presos en todo el país, mucho cuidado con lo que hacen señores ministros, jueces y legisladores.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada y directora de la OJM

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