Los largos años de carencia de instancias públicas independientes con capacidad de fiscalizar las acciones de autoridades elegidas o nombradas, han determinado que en el país sean tenidas como absolutamente normales conductas que en otras latitudes, aún con menor desarrollo que el nuestro, son consideradas aberrantes y despreciables.

Hasta hace un tiempo se creía que los nombramientos a personas carentes de idoneidad y ética comprobadas eran premios a las lealtades políticas y la disponibilidad incondicional de los beneficiados/as hacia sus mecenas partidarios; obviamente estas medidas que fueron señaladas por sectores de la población como indignas de un gobierno que se decía de izquierda y de políticos furiosamente declarados antiderechistas, cayeron siempre en saco roto. 

Sin embargo, lo que hoy sucede en el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca con las designaciones en todos los órganos del Estado sobre los que su partido tiene el control absoluto, no es solo abuso de poder de unos cuantos jerarcas, sino una clara y bien definida política gubernamental oficial dirigida a destruir cuanto resabio ético queda en el aparato estatal y en la misma sociedad.

Medidas adoptadas por autoridades que a la gente de bien en Bolivia o cualquier otro lugar del mundo  provocan malestar extremo, hasta rayar en el asco, a los mandamases del gobierno no les causa incomodidad alguna, al contrario, les parece una colosal obra de reafirmación de autoridad, identidad y orgullo; tal es así que personas acusadas de una serie de delitos, unos más graves que otros, son designadas como autoridades sin que la indignación social que genera esos nombramientos logre despertar el interés para impulsar la revisión de la medida en ningún dirigente o militante del partido oficialista.

Las designaciones últimas realizadas por el Consejo de la Magistratura, que se sabe responde lealmente a las directrices del gobierno,  de personajes sobre los que pesan acusaciones de gravísimos delitos de corrupción, así como la suscripción directa de un contrato millonario para la defensa del Mutún con una empresa vinculada al exministro de Justicia, exprocurador General y actual embajador ante la OEA y el incitar a la población a actuar irresponsablemente pasando por alto las medidas restrictivas para evitar el contagio de la COVID-19,  son señales inequívocas de que reivindicar las acciones antiéticas y delincuenciales, deja de ser circunstancial y constituye una política gubernamental lo que nos demuestra con claridad el poco valor y respeto que sienten las autoridades por la población boliviana, tanto que se permiten  restregarnos la cara con su obsceno exhibicionismo de impunidad. 

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DD.HH

julietamontañ[email protected]