Opinión Bolivia

  • Diario Digital | jueves, 24 de junio de 2021
  • Actualizado 16:49

Deshumanización de la justicia

Deshumanización de la justicia

El Sistema de Justicia boliviano no solo ha renunciado a su independencia como Órgano del Estado garante de la materialización de los Derechos reconocidos en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales, sino que en su afán de satisfacer las exigencias de un poder político autoritario, se ha deshumanizado a límites que causan espanto. La mayoría de fiscales y jueces han renunciado a sus principios éticos y a informarse sobre  el contenido de textos jurídicos básicos; tanto es así que quienes hoy procesan a la expresidenta constitucional Jeanine Áñez violentan todos sus Derechos Humanos e incumplen de manera flagrante las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Nelson Mandela 2015) y las Reglas para el tratamiento de las mujeres privadas de libertad (Bangkok 2011).

 De acuerdo a estos instrumentos, las personas privadas de libertad al constituir un grupo más vulnerable requieren de la protección de sus garantías básicas y las reglas contenidas en ellos son aplicables a todas las categorías de reclusos, independientemente de que su situación sea el resultado de procesos penales o civiles y sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole.

El Principio 1 de las “Reglas Mandela” exige el respeto a la dignidad humana y prohíbe la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Respecto a la salud, la Regla 27 señala que todos los establecimientos penitenciarios están obligados a facilitar a las personas recluidas acceso rápido a atención médica en casos urgentes y en caso de que requieran cuidados especiales o cirugía, ser trasladados a establecimientos especializados; que las decisiones médicas sean adoptadas por profesionales de la salud competentes sin que el personal penitenciario no sanitario pueda desestimar ni desoír esas decisiones. No obstante de ello, somos testigos del trato cruel y el vía crucis al que es sometida la  exautoridad a la que no obstante el grave estado de salud se le obstaculiza la atención de médicos especialistas y a recibir el tratamiento que requiere en condiciones adecuadas, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Así mismo, constatamos la reiterada inaplicación de la Regla 58.1 que reconoce el derecho de las personas recluidas a comunicarse periódicamente, con sus familiares y amigos por cualquier medio, sea escrito, telefónico, electrónico, digital u otros, incluido el derecho a recibir visitas.

Estos hechos, además de reflejar la deshumanización de la Justicia, devela el nivel de degradación lamentable de los políticos en el poder.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DD.HH

julietamontañ[email protected]

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