Los hechos que suceden en Bolivia son observados con incredulidad, estupor  e indignación por propios y extraños. Ninguno de los órganos del Estado se halla libre de prácticas arbitrarias, antidemocráticas y corruptas. Al parecer, los 15 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo a la cabeza de Evo Morales y Luis Arce han logrado con éxito lo que no pudieron ni las más crueles dictaduras, dejar en cenizas la débil institucionalidad constituida a lo largo de su vida republicana. 

El Órgano Legislativo, convertido en simple caja de resonancia de la voluntad  del jefe del partido mayoritario. Los/as legisladores novatos o experimentados han reducido su rol al de pandilla de barrio, dispuestos a atacar a quien señale EMA, y las pocas veces que hacen el amague de petición de informe oral o interpelación, es únicamente para darle un baño de placer al ego del/a  compareciente. El  Órgano Ejecutivo, perdido en el espacio y errático, decide desmantelar la raquítica institucionalidad diplomática y aprueba el Decreto Supremo de Amnistía para su militancia que incendió viviendas de sus detractores y vehículos del municipio paceño  y propició el fraude electoral, entre otros.

El Órgano Electoral, víctima de la infección inoculada por el masismo con sus cuadros obsecuentes en los TEDs,  soporta la desconfianza ciudadana.

Pero, el que se lleva la flor es el Órgano Judicial que cumple su rol de predador político con mayor eficiencia que los temidos Control Político del MNR, Servicio de Inteligencia del Estado (SIE) o el Departamento de Orden Político (DOP) de las dictaduras militares. Con sus decisiones a la carta para tener satisfecho el hambre de venganza de Evo Morales, se ensaña contra quienes son señalados por este como enemigos hasta lograr su destrucción total. Fue el caso del Ing. Bakovic al que le condenaron implacablemente a sostener más de setenta juicios penales distribuidos en todo el territorio nacional hasta acabar con su vida. 

Hoy, la víctima es Marco Antonio Aramayo, funcionario que se atrevió a develar el desvío de millones de dólares del Fondo Indígena a cuentas personales de dirigentes del MAS; se halla privado de libertad con cientos de procesos penales en casi todos los asientos judiciales del país; obligado a trasladarse de un lugar a otro exhibiendo su condición de reo como en la época de la Santa Inquisición con el propósito de que se le agote la vida y con su cadáver se entierre para siempre el desfalco del siglo a nombre de los indígenas de Bolivia. Los que siguen en la lista son policías y militares. Inocultable degradación del Estado.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada y directora de la OJM

julietamontañ[email protected]