Después de largos años de interinato en la del Defensor del Pueblo creada para la defensa y promoción de los derechos humanos de bolivianos y bolivianas, el partido en función de gobierno, por presiones internas e internacionales se vio obligado a concluir el interinato de su becaria militante, una medida que tardó mucho en admitir por miedo a no encontrar un/a  reemplazante que conserve el nivel de sometimiento de la institución a los intereses negadores de los derechos, perversos y mezquinos del MAS.  

No libre de problemas salió la convocatoria con los requisitos básicos para garantizar un defensor/a conocedor/a y comprometido/a con los derechos humanos, de “probada integridad personal y ética determinada a través de la observación pública” (art. 221 de la C.P.E.) 

Son muchas las personas interesadas en el cargo entre ellas conocidos/as militantes masistas que consideran que llegó su hora de recibir el premio de su incondicional lealtad con el partido, pero sobre todo con los líderes; asimismo, personas convencidas de que ser defensor/a de derechos humanos es vociferar, agredir y despreciar a quienes no comulgan con sus ideas; que instrumentalizan el dolor de las víctimas de violencia y discriminación y en lugar de justicia demandan venganza y destilan tanto rencor como lo hacen agentes del gobierno.

Después de años de distorsión de los fines, objetivos y razón de ser del Defensor del Pueblo es imperativo que las fuerzas políticas con representación parlamentaria tengan la decencia de deponer sus intereses particulares para elegir a la persona que asumirá el importante cargo que mucha falta hace para frenar el ímpetu autoritario que va recorriendo en el país y muchos otros de la región. Necesitamos un defensor o defensora del pueblo que tenga claridad sobre su necesaria y absoluta independencia política, y que en aras del respeto de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales a todos los seres humanos sin distinción de origen, religión, condición económica, ideología u otra; tenga la fortaleza moral para enfrentar al poder del Estado haciendo uso de los recursos que la ley prevé; que tenga la suficiente entereza para acompañar a las víctimas de la injusticia y la corrupción, y sobre todo, tenga la sabiduría para tender puentes de diálogo entre oficialismo, oposición y sociedad civil en aras de avanzar en la construcción de una sociedad democrática, libre de odio y deseos de venganza. En síntesis un/a defensor/a del y para el pueblo. 

DE FRENTE 

Julieta Montaño S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]