Opinión Bolivia

  • Diario Digital | sábado, 19 de septiembre de 2020
  • Actualizado 01:17

Decisiones urgentes y necesarias

Decisiones urgentes y necesarias

A partir de la instalación del Gobierno constitucional de Yanine Áñez y la conformación de un nuevo equipo en el Órgano Ejecutivo, resultado del abandono de funciones y huida del país del expresidente Evo Morales, —a medida que pasan los días y las nuevas autoridades van interiorizándose del manejo de cada cartera de Estado— saltan las noticias sobre hechos de corrupción, desvío de recursos del Estado y otras ilegalidades que toda la población sabía y las veía, pero no tenía posibilidad de levantar la voz y señalar a los sospechosos por temor a las represalias que consta, eran de temer.

Los ministros van identificando obras fantasmas, sobreprecios en las compras de bienes y servicios para el Estado, en la construcción de grandes proyectos y manejo sin límite de dinero, lo que no solo les quita el tiempo y obstaculiza las gestiones propias de su ministerio que deben realizar, sino que la cantidad de información que pasan a los medios de comunicación puede generar la idea de que solo están dedicados a encontrar delitos para perseguir a sus antecesores y convertirlos a estos en víctimas a ojos de la población.

Por otra parte, puede también suceder que, por mucho que los hallazgos sean con intervención del Ministerio Público para su análisis y procesamiento, algunos/as fiscales, cuya presencia en la institución  se debe a favores recibidos de allegados al anterior Gobierno, antes que por su capacidad e idoneidad profesional,  se empeñen en contaminar las pruebas de tal manera que cuando llegue el momento de juzgar, cualquier abogado que maneja correctamente los temas de las garantías procesales en materia penal, legalmente eche para abajo todo el proceso y consiga la absolución de los/as acusados/as. 

De esta manera, no solo el Estado perderá los recursos ilegalmente apropiados por gente inescrupulosa, sino que perderá credibilidad y se verá obligado a pagar costas judiciales, más daños y perjuicios.

Los miles de millones de dólares que se hallan en juego, exigen de un tratamiento transparente, serio, responsable y libre de cualquier sospecha de interés político, por lo que el Gobierno de la señora Áñez debe, a la brevedad posible, solicitar a la ONU conformar una Comisión Internacional contra la Impunidad como fue la CICIG en Guatemala, de esta manera evitar que se vaya instalando en el cambiante imaginario colectivo boliviano la idea de que las denuncias reiteradas de corrupción contra el Gobierno de los casi 14 años de Evo Morales, es persecución política.

El volumen de recursos desviados deben ser rescatados y drásticamente sancionados/as los/as autores/as.