La aprobación de la Ley que da luz verde al aborto legal en Argentina ha provocado que en Bolivia se abra un debate revelador.

Poses desenfadadas que dicen “es mi cuerpo y con él hago lo que me viene en gana”, banalizando así una reivindicación que busca garantizar la vida de las mujeres, en particular de aquellas que no tienen las posibilidades ni oportunidad para acceder a métodos de prevención del embarazo, más allá de solo “cerrar las piernas” como aconsejan las/os anti aborto, o de acudir a atención médica segura para interrumpir un embarazo no deseado.

Posturas basadas en valores religiosos a los que muchos/as, como nos consta, recurren  cuando se trata de normar la vida de las mujeres, pero pasan soberanamente sobre ellos con la certeza de que con confesar o entregar el diezmo al líder de la iglesia serán liberados y habilitados/as para seguir haciendo maldades al prójimo, como explotar o mal pagar y humillar a las empleadas a su servicio, denigrar la dignidad de personas que no son de su agrado,  cometer actos de corrupción, o al menos ser tolerantes , consumir prostitución y pornografía,  o mirar a otro lado cuando en su entorno familiar alguno lo hace; juzgar a mujeres separadas o divorciadas y estigmatizar a las víctimas de violación sexual culpabilizándolas.

También están las mujeres que desde el privilegio de tener una familia sólida que les cobija  en todo momento, una pareja respetuosa, atenta, cariñosa y muy responsable, juzgan duramente a las que abortan. Son mujeres que se sienten modelos a seguir, seguras, inteligentes y listas como pocas y piensan que nadie puede imponerles nada porque tienen total capacidad para frenar cualquier tipo de agresión, incluida la sexual.  

Están las que apoyan la legalización del aborto como una de las soluciones a un problema que afecta a la vida, la integridad  y la seguridad de miles de mujeres, la mayoría sin recursos económicos, respaldo familiar o del Estado, que no pueden permitirse sueños de hadas, princesas ni príncipes buenos, porque su realidad es cruel, está marcada por la pobreza y la violencia, mujeres que no pueden decir no a las exigencias sexuales de una pareja abusiva ni adoptar libremente un método anticonceptivo porque desconoce o no tiene dinero para adquirirlo, y si opta por un método intrauterino sabe que, además de la paliza cuando se dé cuenta su pareja,  el riesgo es que sea él mismo quien se lo arranque sin importar el daño que le cause; mujeres y niñas agredidas sexualmente a las que no se pueden soportar la tortura de cargar un embarazo impuesto o, finalmente, mujeres que no se sienten capaces de asumir responsablemente la maternidad.

Esperemos que este debate continúe para bien de las mujeres, las niñas y toda la sociedad.

DE FRENTE 

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada y directora de la OJM

julietamontañ[email protected]