La sociedad boliviana ha sido sacudida por el hallazgo de cuatro cadáveres de mujeres a las que se las tenía por desaparecidas. Impresionante y de terror que Tres Arroyos (Villa Tunari) hubiera sido el lugar donde después de encontrar el primer cuerpo de una mujer (Mónica), desaparecida en diciembre del 2020, a muy poca distancia fueran encontrados los otros tres cuerpos  de mujeres jóvenes desaparecidas en  febrero del 2020 (Nayely),  junio de 2018 (Beatriz) y 2017 (Margarita).  La presencia de los restos de las cuatro víctimas nos hacen pensar: a) que no es pura casualidad que hubieran sido enterradas en el mismo lugar pese a la diferencia de fechas en que ocurrieron los asesinatos, b) que no son los únicos ni los últimos cadáveres que se encuentran en la zona y c) que detrás de estos espeluznantes crímenes, además de los autores materiales que pueden o no ser los que se declararon como tales hasta la fecha, existen autores intelectuales que tienen absoluta certeza de su impunidad.

Resulta altamente llamativo que ante semejante noticia que conmocionó a la población, ninguna organización social, vecinal, sindical o de mujeres de la zona se hubiera pronunciado exigiendo el esclarecimiento de los hechos y mayor profundización de la investigación; peor aún cuando las más altas autoridades del Estado ni siquiera se dieron por enteradas de lo sucedido y cuando el ministro de Gobierno habló fue para dar por cerrado el caso y afirmar que se trataba de “asesinos seriales”, como si ya contara con un diagnóstico profesional, reduciendo así un hecho tan grave que amerita mayor investigación a una conclusión simplista.

Lo que presenciamos hoy  en Bolivia es la cosecha de la impunidad de la que han gozado crímenes cometidos en la zona como los de David Andrade y Graciela Alfaro, conocido como el caso “esposos Andrade” y los policías Gabriel Chambi y Silvano Arroyo, secuestrados, torturados, asesinados el año 2000 y desaparecidos por mucho tiempo;  delitos por los que nadie fue juzgado ni sancionado no obstante existir declaraciones de testigos presenciales, incluso de la persona que dijo “solo ayudé a cavar las fosas” y, como si fuera poco, Filemón Escobar que estuvo en el lugar el día que se decidió el destino de las víctimas declaró públicamente que escuchó dar la orden de desaparecer a la pareja. Sin embargo, en un país en el que la Justicia como institución y como consciencia colectiva se halla secuestrada por fuerzas muy poderosas, parece ilusorio esperar que se profundicen las investigaciones para dar con el paradero de cientos de víctimas desaparecidas.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada y directora de la OJM

julietamontañ[email protected]