Desde que asumió la presidencia de Bolivia don Luis Arce Catacora, la mayor parte de su tiempo y el del equipo gubernamental ha estado orientado a satisfacer las exigencias del jefe de su partido don Evo Morales Aima, principalmente, la de limpiar su honor de revolucionario que  considera fue mancillado cuando tuvo que renunciar a la silla presidencial a la que tanto ama por los inmensos placeres que le proporcionaba. 

Es posible que ese sea el precio que el Presidente tenga que pagar al personaje que lo eligió como su sucesor para que le deje saborear, sin sobresaltos, los privilegios del cargo en lo personal, de su entorno familiar y amistades. Cada día queda más claro que las exigencias básicas a las que no puede eludir el “hermano Lucho” son: buscar, así sea debajo las piedras, a cuanta persona tuvo que ver con la salida democrática a la que llegó el país por la vía constitucional en noviembre de 2019 y, ¿a ver que algún fiscal, juez o magistrado se atreva a respetar la Constitución y los Derechos Humanos en favor de los/as señalados/as como golpistas? La otra exigencia, la que le pone en la posición más incómoda al Presidente, es la referida a las políticas de control del narcotráfico mismas que durante la presidencia de EMA fortalecieron la producción de la coca, así como la elaboración y comercialización de su principal derivado, convirtiendo a dirigentes de sindicatos, subcentrales, centrales y de las Seis Federaciones en poderosos factores de decisión social, política y económica en el país. 

De estas exigencias, en la primera, el gobierno ha puesto su máximo empeño; empezó apresando a la expresidenta Jeanine Áñez a la que se le niega la titularidad de los derechos más básicos en busca, sin éxito, de doblegar su voluntad; le han seguido jefes militares y policías que se resistieron a satisfacer el deseo del jefe de ver correr ríos de sangre de bolivianos/as insumisos; continúan con líderes políticos y cívicos  convertidos en trofeos y expuestos ante el iracundo y amargado jefe vitalicio.

Sin embargo, en lo que aparentemente no se ponen de acuerdo es en cómo mostrar a la comunidad internacional que Bolivia no es un narco Estado, que lucha contra el narcotráfico. Pero la cuestión es cómo hacerlo sin afectar los intereses de los que controlan el poder político desde hace más de quince años.

Mientras zanjan esas sus diferencias, continuará la búsqueda incansable de trofeos para mostrarlos como “golpistas” donde no hubo golpe, sino fraude electoral.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]