El malestar ciudadano provocado por la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la corrupción y la deriva en la que se encuentra la justicia se siente cada día más. En lo económico, vemos que las autoridades no tenían previstas las medidas necesarias, la población percibe los manotazos de ciego que da el gobierno y cuando ve que este se niega escuchar las sugerencias de profesionales con experiencia y reconocida formación académica, que desde foros y entrevistas de prensa de manera gratuita y desinteresada, le dan pautas sobre las medidas más adecuadas para que la crisis no afecte con tanta dureza a los/as bolivianos; pero, más puede la soberbia del ignorante que la responsabilidad de encarar los problemas que generan angustia colectiva.

En cuanto a la seguridad ciudadana, las instituciones encargadas de garantizar para todos/as los habitantes, enfrascada como esta en perseguir a cuanta persona le cae mal al partido de gobierno, descuida sus funciones como las de prevenir, investigar y atacar aquellos delitos que causan inseguridad y dolor a la población, al extremo de provocar el rechazo, descalificación e irrespeto a su labor.

Los escandalosos casos de corrupción y enriquecimiento ilícito que señalan como autores a personas vinculadas al poder político, no son investigados, procesados y sancionados; al contrario, oficialmente son banalizados, tanto que los/as señalados seguros de su impunidad, públicamente reconocen que la fuente de sus fortunas es el delito, sin que las autoridades, tan diligentes para perseguir y encarcelar a opositores o reprimir a quienes exigen mejores condiciones de vida y trabajo, observan impávidas, ni por disimular actúan.

El sistema de justicia está llevando a Bolivia al fondo del abismo, tal como está no aporta nada bueno a la sociedad ni al mismo gobierno; son tan pocos los jueces y fiscales que con esfuerzo se mantienen fieles a la Constitución y las leyes que pasan desapercibidos; la cantidad de basura que cae sobre todo el sistema y la pestilencia provocada por sus colegas indignos les impregna también a ellos/as.

La propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de los Juristas Independientes es un paso importante para reencausa al sistema de justicia, de tal manera que sean personas con probada solvencia ética y profesional las que accedan a los altos cargos de la justicia y no aquellos incondicionales con los gobiernos de turno o poderes fácticos. Si queremos magistrados/as independientes y honestos, la participación ciudadana es importante; no debemos quedarnos en el lamento y la protesta, seamos parte de las soluciones, firmemos los libros para una verdadera reforma de la justicia.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]