Si ya era muy difícil hacer un balance, al menos regular, de lo que le tocó vivir a Bolivia durante la gestión 2022 por la pésima gestión gubernamental, los acontecimientos del 28 de diciembre no hicieron sino dejarnos sin nada positivo que señalar.

Resulta incomprensible que justamente en fiestas de fin de año, al mejor estilo de sanguinarios dictadores, se le hubiera ocurrido al Gobierno mandar a ejecutar un supuesto mandamiento de aprehensión contra Luis Fernando Camacho a sabiendas que aquello provocaría una reacción descontrolada de la población cruceña.  Cuando parecía que se habían zanjado los problemas con los acuerdos alcanzados para el Censo, la aparatosa e inexplicable acción de agentes del Gobierno, entre los que se llegó a identificar a uno de los ejecutores de los asesinatos en el hotel Las Américas, terminaron desvaneciendo la esperanza de un nuevo año con paz, diálogo y mejores días para los hogares bolivianos.

Una vez más el Ejecutivo utiliza al Ministerio Público para que dé la cara ante un ilegal acto de detención y privación de libertad, abusiva, ostentosa, con uso de armas largas y extrema violencia contra Fernando Camacho y quienes lo acompañaban en ocasión en la que, como se sabe, por mandato del Procedimiento Penal, la amplia jurisprudencia constitucional y las circulares emitidas por el Órgano Judicial, no está permitida la ejecución de ningún mandamiento durante la vacación judicial. En este sentido, el Tribunal Constitucional señala “al dictarse las circulares que dejan en suspenso la ejecución de mandamientos durante el período de tiempo que comprende la vacación judicial anual es para evitar un sinnúmero de violaciones a los derechos y garantías constitucionales de la que podrían ser objeto los litigantes considerando el funcionamiento de solo los juzgados de turno”.

Ahora bien, al no quedar duda sobre la ilegalidad de las actuaciones comandadas por el aparato del Gobierno, que no tuvo siquiera el detalle de informarle al aprehendido cuál era el motivo de esa acción y posterior traslado a la ciudad de La Paz, la gran duda es saber cuál es el motivo para semejante impertinencia del presidente Arce Catacora y su equipo de adláteres, incluido el titular del Ministerio Público. ¿Se trata de un obsequio navideño al jefazo, previo al ampliado del MAS para calmar su síndrome de abstinencia de poder? Por la reacción de EMA ante la noticia, parece que surtió efecto. Lo segundo, sin excluir la primera, ¿no es una provocación dirigida a convulsionar el país para encubrir la pésima gestión económica y desatar una sañuda persecución contra quien se oponga a sus desaciertos?

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

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