Se ha demostrado de muchas maneras lo torcida que se encuentra la justicia en Bolivia; y no solo lo siente la gente que sufre día a día las aberrantes decisiones de jueces y fiscales ubicados en puestos clave previa una rigurosa selección de carencia de inteligencia y ética, lo constataron organismos internacionales que hasta el cansancio repiten que uno de los gravísimos problemas que enfrenta la democracia boliviana es la perversión del sistema de justicia en todos sus niveles. Así tenemos a la Policía, en la que personal acusado de graves delitos se mantiene gozando de absoluta impunidad porque es útil a los gobernantes de turno para realizar trabajos sucios, actuar infiltrados en marchas de protesta e inducir a la violencia para luego justificar la privación de libertad de líderes; hacer un uso retorcido y abusivo de la facultad que les da la ley para privar de libertad en casos de flagrancia usando esta contra exfuncionarios del gobierno de transición, así se hubieran presentado voluntariamente, o para elaborar diligencias de policía judicial imposibles de ser sostenidas ante juez imparcial como fue el caso de la Juventud Kochala en Sucre. Lo propio pasa en el Ministerio Público y el Órgano Judicial, instituciones en las que los/as profesionales que se esfuerzan por cumplir con su trabajo enmarcados en las leyes, no tienen la posibilidad de ascensos o reconocimiento de sus superiores; en cambio aquellos/as sobre los que abundan denuncias de corrupción, prevaricato y otros delitos, resultan elegidos para ascensos con solo acreditar su disponibilidad incondicional para cometer hasta las peores aberraciones jurídicas como condenar de facto a privaciones de libertad indeterminadas a quienes son señalados/as como enemigos políticos del partido en función de gobierno, sin importar el daño moral y físico que les causan.

Es tal la obsecuencia de funcionarios/as,  profesionales inmorales y antiéticos, que para que no quepa la menor duda de su servilismo a los poderosos de turno, hacen suyo el odio enfermizo que estos sienten por quienes consideran enemigos, al extremo de buscar su muerte como forma de demostración de poder. Así lo hicieron con José María Bakovic y Marco Antonio Aramayo; hoy se empeñan en condenar a muerte a Jeanine Áñez, la exministra de Salud Eidy Roca, el líder cocalero de los yungas César Apaza y el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho; todos ellos con enfermedades graves certificadas y a los que sin una adecuada atención médica la vida se les va acortando. 

Así, en Bolivia somos testigos del actuar de una justicia al servicio del odio. 

DE FRENTE 

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]