Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 16 de junio de 2024
  • Actualizado 16:09

Ineludibles obligaciones y derecho de repetición del Estado

Ineludibles obligaciones y derecho de repetición del Estado

Todo Estado miembro de una comunidad internacional como la ONU, la OEA u otras tiene entre sus múltiples obligaciones una fundamental y de prioritaria aplicación: el respeto y defensa de los Derechos Humanos de todas las personas asentadas en su territorio sin discriminación alguna. El Estado es responsable por las acciones u omisiones de los servidores públicos de cualquiera de sus órganos: Ejecutivo, Legislativo o Judicial y las instituciones que de él dependen. Las responsabilidades por violación de derechos humanos establecidas por los organismos internacionales, entre otras, la responsabilidad de procesar a los autores y la de  resarcir económicamente, mismas que deben ser asumidas y cumplidas de buena fe por quien ejerce la representación del Estado en el momento de conocerse, sin que sirva de excusa decir “no fue en mi gestión”. 

Al respecto, la Constitución Política del Estado señala en el art. 113.1 “La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. II. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño”. 

De acuerdo a lo anotado, y existiendo sentencias e informes finales que responsabilizan a Bolivia de graves violaciones a Derechos Humanos como ejecuciones sumarias, tortura, secuestro e ilegal privación de libertad, entre otros, por los que está obligada a resarcir a las víctimas, lo que corresponde es 1) pagar sin dilaciones los montos señalados o los que se llegue a acordar. 2) iniciar la investigación, procesar y sancionar a los autores de las violaciones a DDHH probadas ante el Sistema Interamericano y 3) recuperar el gasto que supone para el Estado litigar ante organismos internacionales, así como el costo de las indemnizaciones pagadas y por pagar por vía de acción de repetición. A este fin debe empezar por embargar todo el patrimonio de generadores de responsabilidad internacional, sean presidentes, ministros, jueces, fiscales o policías.

Los/as ciudadanos bolivianos no tenemos por qué pagar con nuestros impuestos los costos de los crímenes de dictadores o autoridades judiciales obsecuentes y corruptas. Las autoridades actuales deben dejar la chicana de dilatar el resarcimiento e iniciar las acciones penales y civiles contra los ya  identificados. De no hacerlo supondrá que son cómplices y aplican el dicho popular “entre bomberos no se pisan la manguera”.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]