En los últimos años en Bolivia se ha dado un proceso de elevado nivel de desconfianza de la población hacia sus autoridades, sus representantes a nivel social y político, así como a sus líderes o consejeros, principalmente por el debilitamiento de las instituciones.

El sistema de justicia reducido al lamentable papel de órgano de represión política, ocupada en la persecución de quienes disienten con los que gobiernan, o siendo de la misma organización, se perfilan como una amenaza para los caudillos de turno. La justicia, de manera recurrente, ha renunciado a sus atribuciones contenidas en la Constitución Política del Estado y las leyes para convertirse en una organización, que sin piedad llena las cárceles con culpables e inocentes y los deja en el absoluto olvido hasta que alguien de los que detenta el poder interceda a su favor.

El Órgano Legislativo podía contribuir eficazmente a que la gestión gubernamental sea efectiva cumpliendo las funciones que le confieren la Constitución y las leyes como legislar por iniciativa propia, de los otros órganos o iniciativa popular;  fiscalizar los actos del Ejecutivo a objeto de que el programa de gobierno ofrecido sea cumplido a cabalidad usando escrupulosamente los recursos del Estado. Sin embargo, tenemos un Legislativo reducido a un cuadrilátero en el que la fuerza mayoritaria propina golpizas a sus oponentes haciendo gala de  fuerza y un vocabulario procaz.

Por su parte, el Ejecutivo, empeñado en la campaña de reelección de su titular, ha descuidado totalmente a las instituciones y empresas que se hallan bajo su tuición dando lugar a que con mayor frecuencia salten denuncias de corrupción difíciles de explicar y que involucran a familiares y el núcleo cercano de los jerarcas del partido que gobierna el país. 

Ante el deterioro de las principales instituciones del Estado y la desidia de  las autoridades para dar señales mínimas de preocupación, solución y fortalecimiento institucional, así como los lamentables hechos denunciados contra líderes sociales y  religiosos, en la población boliviana reina la desconfianza; desconfianza que paraliza, atemoriza, limita su capacidad propositiva. Bolivianas y bolivianos vamos perdiendo la capacidad de creer y confiar, valor y atributo de todo ser humano que nos llevan a decir y hacer lo que pensamos sin temor a la represión y a su vez a contribuir a la realización del bien colectivo.

Esta contención y el crecimiento de la desconfianza social, puede convertirse en una amenaza para la convivencia ciudadana, más cuando sus representantes sociales y políticos, así como sus guías espirituales, van en contra ruta de esa aspiración legítima de todo ser humano de contar con una persona o institución que le inspire confianza. 

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]