Ante la permanente inestabilidad en la que se debate Perú desde hace muchos años y, particularmente en la presente gestión gubernamental, el presidente Pedro Castillo ha solicitado al Secretario General de la OEA que convoque a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad a fin de activar la Carta Democrática Interamericana, instrumento que tiene como objetivo el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en el continente. 

Los frecuentes intentos del Poder Legislativo de someter al Presidente a un juicio político para su destitución y las posibilidades de que en esta oportunidad puedan los impulsores contar con el número suficiente de votos, ha encendido las alarmas y el Gobierno se ha visto en la necesidad de acudir al organismo supranacional a fin de que este desarrolle todos los esfuerzos a su alcance para facilitar el diálogo y la normalización democrática.  

Desde su aprobación, han sido pocas las oportunidades en las que se ha activado este mecanismo y en momentos como los que viven algunos países en los que, por un lado, la prepotencia, el autoritarismo, el mal uso del poder, los atropellos a los Derechos Humanos, la corrupción y otros males minan la credibilidad de los gobiernos legalmente elegidos y, por otro, la resistencia de algunos sectores políticos, civiles e instituciones sujetas a la subordinación a la autoridad civil legalmente constituida y a observar fielmente el respeto al estado de derecho, hacen oportuna una intervención transparente y firme que contribuya a resolver los problemas identificando las causas que los originan y orientando hacia soluciones duraderas.

A Bolivia le habría sido de gran utilidad la activación de la Carta Democrática Interamericana, cuando a través de vergonzosas chicanas jurídicas se desconoció los resultados del referéndum en el que el pueblo dijo no a la reelección de Evo Morales, o cuando se fueron violando sistemáticamente los Derechos Humanos; cuando al igual que ahora, se desconocieron los principios fundamentales de la democracia como la separación e independencia de poderes dejando en total indefensión a la gente ante el uso del Sistema de Justicia como arma de persecución política para dar fin con cualquier demostración de disconformidad con el Gobierno. Posiblemente a estas alturas no estaríamos lamentando las muertes de El Porvenir, Sacaba, Senkata y tantas otras que son utilizadas perversamente para generar odio y provocar enfrentamientos entre conciudadanos. 

Ante la degradación política e institucional como la que vivimos, debemos buscar alternativas mediante consensos mínimos para preservar la democracia en el país.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]