La circulación del Informe Final No.394/21, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro el caso No.13.546 impulsado por Mario Tadic y otros, ha provocado intranquilidad en las filas del oficialismo. Aun cuando no fue oficialmente publicado por la CIDH, con seguridad ya llegó a manos de las autoridades del Estado y se halla en espera de un pronunciamiento sobre las observaciones y recomendaciones que le hacen después de 10 años de litigio, tiempo en el que el Estado presentó sus alegatos para descalificar la denuncia sobre los crímenes cometidos en el hotel “Las Américas” la madrugada del 16 de abril de 2009, las detenciones ilegales y las torturas infligidas contra un grupo de personas señaladas como “terroristas”. 

A tiempo de responder a la petición, el Estado gobernado por Evo Morales Aima reconoció los hechos ocurridos en la ciudad de Santa Cruz en el hotel “Las Américas” arguyendo en su defensa que fue la respuesta de las autoridades a la conformación de un “grupo irregular terrorista armado”, cuyo propósito era dividir el territorio nacional y atentar contra la vida del Presidente, Vicepresidente y otras autoridades; que las muertes se debieron a un enfrentamiento con la fuerza policial. Por su parte, las víctimas acreditaron abundantemente y con lujo de detalles todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos, los atropellos perpetrados durante el asalto al hotel Las Américas por agentes de la Policía y el Ministerio de Gobierno, y después en el Sistema de Justicia cuando jueces y fiscales en ningún momento hicieron siquiera el intento de escuchar e investigar las denuncias que a viva voz hacían en audiencias los torturados privados de libertad; y, como si todo eso fuera poco, el vergonzoso y cómplice papel de defensores/as de oficio, cuya presencia se limitaba a dar legalidad a las ilegales actuaciones de jueces y fiscales. 

Así, las violaciones a DDHH fueron probadas con testimonios y documentación idóneos, lo que llevó a la CIDH a concluir que el Estado boliviano es responsable del incumplimiento de su obligación convencional de respetar y proteger los DDHH de todas las personas que se encuentran en su territorio; sancionar los atentados perpetrados y reparar el daño causado. 

Las recomendaciones están fundamentalmente dirigidas a que el Estado repare las violaciones a los DDHH, esclarezca dentro un plazo razonable los hechos denunciados, identifique y procese a los responsables, sin que estos puedan invocar prescripción de su delito por tratarse de graves violaciones a derechos humanos.

Hoy, todos los implicados muestran nerviosismo, se acerca la hora de que rindan cuentas.

DE FRENTE

JULIETA MONTAÑO S.

Abogada, feminista, defensora de DDHH

julietamontañ[email protected]