Opinión Bolivia

  • Diario Digital | domingo, 16 de junio de 2024
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¡Viva la libertad (de acallar a la crítica)!

¡Viva la libertad (de acallar a la crítica)!

El 30 de mayo, Darío Villarruel hizo un análisis editorial en el que criticó lo dicho por Javier Milei en la Universidad de Stanford: que “va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre” y que, ante esa situación, “la gente va a decidir algo para no morirse de hambre”. Villarruel expuso lo obvio: que quien debía hacer algo para evitar la inanición del pueblo era el gobierno nacional y que, si no lo hacía, lo más probable es que exista algún tipo de reacción popular

en la que la gente busque proveerse de comida. El periodista, además,

marcó que la gravedad de lo dicho por el Presidente era aun mayor dado que se había hecho público que el Poder Ejecutivo tenía comida almacenada, pronta a vencer, sin repartir. En vez de responder con argumentos, el ministro de Justicia de la Nación decidió denunciar penalmente a Villarruel por “instigación a cometer delitos”. Es paradójico que un gobierno que concibe a la libertad como la no intervención del Estado en la sociedad responda a las críticas con la activación de la forma más intensa del poder estatal: el derecho penal. Además de denunciar a Villarruel, el ministro (que se define como “libertario en lo jurídico”) denunció por opinar a Nancy Pazos.

La denuncia de Cúneo Libarona es un precedente grave para nuestra vida

democrática. Tanto a nivel nacional como internacional, la libertad de expresión es considerada un elemento básico del constitucionalismo liberal. En su génesis, el rol central de la libertad de expresión se debe, en gran parte, a la idea, arraigada en los fundadores del Estado moderno, de que la ciudadanía debe poder criticar a sus gobernantes sin temor a represalias. Por eso, la forma de expresión con mayor protección constitucional es aquella que cuestiona a funcionarios públicos. En el famoso caso NY Times v. Sullivan, la Corte Suprema

estadounidense estableció que los cuestionamientos al gobierno pueden incluir hasta “ataques vehementes y desagradables”. Es que si quien se expresa contra el gobierno es sancionado, el efecto será el acallamiento de ideas y, con él, el cercenamiento del debate público.

Esto no quiere decir que se pueda decir cualquier cosa, claro, pero sí que toda restricción tiene que estar totalmente justificada. Aquí hay que diferenciar entre dos situaciones.

Cuando una expresión sobre funcionarios públicos es objetada por ser falsa, la conocida como “doctrina de la real malicia” exige probar que quien la vertió sabía (o fue gravemente negligente) de su falsedad y que se tratara de afirmaciones sobre hechos, y no de opiniones (...).

FORO

JOSÉ M. UBEIRA Y MARCOS ALDAZABAL

Colaboradores de Página 12

pagina12.com.ar