Es una constante el llamar la atención de las autoridades mediante paros, bloqueos y otros tipos de protesta que perjudican el tránsito de la población y bloquean la posibilidad de llevar el pan del día a la casa de muchas familias.

Y es que los últimos sucesos del bloqueo en el ingreso al botadero de K’ara K’ara por una discusión sobre el trámite ambiental del nuevo botadero o planta industrial de basura, propuesto por la empresa Colina S.R.L. en Sacabamba, pone en evidencia la debilidad de la autoridad municipal y departamental en materia de cumplimiento ambiental, porque no es la primera vez que se habla de un abandono del botadero de basura y el de la implementación de uno nuevo.

Esta debilidad institucional no hace más que revelar la estrategia mal intencionada de algunos actores políticos partidarios locales de contrarrestar al adversario manipulando el interés comunal de una disposición final controlada de los residuos, para evitar la contaminación ambiental que sufre la ciudad por esta razón.

Ni la nueva ley de descentralización y autonomías municipales ni la nueva ley sobre la madre tierra e incluso el nuevo instrumento de planificación denominado Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) sirven para evitar actuaciones demagógicas y atentatorias al interés público que los tres niveles de autoridades deberían imponer para lograr un consenso que evite afectaciones a las actividades de las personas que nada tienen que ver en el conflicto generado.

El interés común está por encima de cualquier situación particular, por lo que llama la atención esa debilidad institucional que muestra una falta de protagonismo y acción directa de los funcionarios públicos en controlar los excesos y gestionar el desarrollo de una forma concertada y articulada al interés colectivo, para evitar situaciones extremas donde se hace presente la presión. Los nuevos instrumentos y normativas referidas a la planificación y gestión territorial y ambiental deben ser muy bien estudiadas e internalizadas por los funcionarios y, sobre todo, planificar una actuación de la autoridad acorde al tiempo necesario para evitar malestares o descontento en la población. Una forma de hacer respetar la ley es, por ejemplo, anticiparse a las demandas de la población organizando la definición de prioridades de una forma concertada y en el tiempo necesario, para permitir gestionar el financiamiento necesario para los proyectos y que garantice una ejecución en el tiempo preciso para compatibilizar las necesidades inmediatas de los diferentes sectores y distritos municipales.

La planificación estratégica ya no es por si misma suficiente para garantizar la ejecución de obras que permitan una satisfacción comunal acorde al grado de desarrollo actual, es, por tanto, indispensable plantearse estrategias de actuación con los actores del desarrollo local en miras de construir agendas comunes y plantear alternativas reales y viables de implementación de obras para la comunidad. Solo de esa forma se garantizará una plena conformidad de los planes operativos anuales que constituyen la actuación principal de la autoridad en su dinámica propia de función pública para el desarrollo durable.

CIUDAD SUSTENTABLE

José Castellón Onofre

Docente universitario de la UMSS

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