La ley de autonomías y descentralización Andrés Ibáñez en su artículo 7 indica el distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la efectiva participación de los ciudadanos y ciudadanas en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del desarrollo socio económico integral del país. En esa lógica se definieron normativas específicas complementarias como la ley de delimitación de las áreas urbanas en los municipios con un alto grado de urbanización resultado de la migración campo-ciudad. La realidad es que ni este cuerpo legal y reglamentario fue suficiente para evitar los avasallamientos e invasiones a las tierras productivas o zonas no urbanizables. Este fenómeno de ocupación de hecho está teniendo un momento de incidencia fundamental en cuanto al desarrollo urbano en los municipios predominantemente urbanos. Es una pena cómo los negociantes de las tierras y especuladores inmobiliarios invaden las tierras productivas o no urbanizables y cambian el uso del suelo para constituir, luego de su ocupación, suburbios y zonas de expansión urbana pero caóticas y descontroladas que restan la oportunidad de establecer una planificación dirigida y acorde a las condiciones territoriales y de desarrollo económico oportuno y estratégico. Las instancias técnicas municipales, si bien intentan establecer un control efectivo mediante la aplicación de la normativa municipal en cuanto al uso del suelo, no es suficiente, porque la necesidad económica y la acción directa de los avasalladores puede más que la acción institucional que se ve debilitada por la situación económica y social de los más desposeídos que buscan a como de lugar, un espacio habitable, no importando en qué condiciones. ¿Cuál es entonces la perspectiva en cuanto a los límites de la urbanización en los municipios? La respuesta es muy simple, si la ciudad de Cochabamba ha experimentado un proceso incontrolado de urbanización producto de la relocalización de los trabajadores mineros y otros fenómenos que han intensificado la migración hacia este valle en la década de los 80, a la luz de esta década se está verificando un conjunto de acciones de hecho en cuanto a las tierras no urbanizables que será muy difícil revertir pese a los esfuerzos institucionales de control de estos asentamientos ilegales.

Solamente una política nacional de fomento a la economía y al empleo formal y sostenible permitiría que esos agentes de lo informal y la ilegalidad paren con sus acciones cada vez a ignominiosas e ilegales de cambiar el uso del suelo como una forma de enriquecimiento fácil y directa. Las instituciones públicas muestran una cooptación de los poderes políticos y económicos que dominan la dinámica de la ciudad. La implementación de una política municipal de generación de empleo directa e inmediata tal vez es más importante que el de favorecer las inversiones en obras e infraestructuras, que en este caso van de la mano de los loteadores y los especuladores; porque donde hay una invasión de las tierras con fines de urbanización, inmediatamente se demandan los servicios básicos constituyendo una forma de presión para la consolidación urbana, condenando así a los municipios a perder áreas de protección y de reserva para la urbanización planificada y concertada.

CIUDAD SUSTENTABLE

José Castellón Onofre

Docente universitario-UMSS

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