Las universidades públicas del país están atravesando una iliquidez muy significativa por falta de recursos, y algunas de estas casas de estudio están en la imposibilidad de seguir pagando los salarios para los docentes y los administrativos, para los siguientes meses de noviembre y diciembre. Esta situación se da por el importante déficit de cerca de 1.000 millones de bolivianos, por la reducción de la coparticipación tributaria y tendrá serias consecuencias en la continuidad de las actividades académicas, ya que casi 500.000 estudiantes del sistema público  dejarán de pasar clases y 14.000 docentes no percibirán sus salarios y tampoco los 11.000 trabajadores administrativos.

Esta situación se da por la dependencia absoluta que tienen las universidades públicas, de los fondos y subvención del Estado, principalmente referidos a los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de coparticipación, que sabemos que han tenido una reducción por la caída de precios internacionales del petroleo.

Se estima que de 50% a 77% de las finanzas que disponen estas casas de estudio se destinan a sueldos y salarios, para docentes actuales y nuevos, porque la población estudiantil sigue creciendo de manera exponencial, lo que da muy poco margen a que las universidades dediquen sus  ingresos, más bien, a actividades que les genere otros ingresos, como sería la investigación aplicada que se traduzca en patentes.

Ante esta situación es urgente un cambio estructural del sistema universitario público, reinventando su  modelo tradicional, a través de la transformación digital. Esta transformación beneficiará tanto a los alumnos, docentes como a las comunidades que los rodean. Este cambio no solo mejorará el aprendizaje de los estudiantes, sino también a optimizar la eficiencia operacional y bajar los gastos administrativos.

Muchas universidades públicas han tenido que acelerar este proceso de digitalización, desde la pandemia, con clases virtuales, por lo que el primer paso ya está dado. Sin embargo, es vital para el proceso enseñanza/aprendizaje que se tenga un ecosistema interconectado que sea fácil de usar e intuitivo, priorizando la atención a la experiencia del usuario. Estas plataformas deben estar disponibles a través de múltiples interfaces en cualquier dispositivo conectado a internet y, finalmente, deben ser plataformas flexibles, porque la demanda de la población docente estudiantil evolucionará permanentemente. Esta transformación digital, bien implementada,  permite la eficiencia administrativa y el crecimiento de la institución, generando los siguientes beneficios: ahorro de costos, reducción de tiempos administrativos, control de la información, mejora y optimización de la relación del plantel docente con el personal administrativo y los proveedores. Además, permite identificar el valor agregado de los procesos internos que son valiosos y fundamentales a lo largo de la cadena de valor, así como identificar y eliminar aquellos procesos y recursos que son innecesarios.

Sin embargo y pese a que todos los involucrados conocemos de estos grandes beneficios, hay obstáculos a los que hay que enfrentarse, con decisión y liderazgo como el rechazo al cambio de docentes y administrativos que no desean salir de su zona de comodidad, el analfabetismo digital, ya que hay una población docente y administrativa que no son nativos digitales y la actual tecnología que se usa,  muchas veces puede estar obsoleta. Las universidades públicas que se animen a transitar por este camino, lo más pronto posible, serán las ganadoras en este proceso.

INNOVACIÓN Y FINANZAS

JORGE VELASCO T.

Ingeniero industrial, magíster en Innovación y Desarrollo Emprendedor, y docente

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