Mientras algunas personas cuentan con un hogar y trabajo estables, otras tienen que buscar su sustento en contextos diferentes al que habitualmente los cobijaba. La movilidad de seres humanos obedece principal y generalmente a la búsqueda de oportunidades que en sus lugares de origen no las tienen y donde el futuro se les presenta incierto; la acción de migrar conlleva en paralelo riesgos y vulnerabilidad asociados a las limitaciones de higiene, hacinamiento y acceso a servicios básicos; haciendo de la población migrante un grupo humano altamente susceptible al contagio del COVID-19 y sus consecuentes efectos.
La movilidad de personas denota características muy diferentes antes y después del COVID-19, antes se presentaba con características restrictivas asociadas a documentos migratorios que acreditaran condiciones regulares de personas en tránsito y establecimiento en un sitio por fines de trabajo, vacación u otros que garantice una estadía temporal, mientras de manera paralela se presentaban migraciones ilegales que no estaban acreditadas por ninguna acción o situación. Con el emerger a nivel global de la pandemia, se cierran fronteras entrando en confinamiento, develando un creciente miedo a lo incierto por la pavorosa estadística socializada por los medios de comunicación; es ahí donde se observa grupos de migrantes con absoluta vulnerabilidad, que por su condición transitorial acceso a vivienda, a los servicios básicos, a la higiene, a la alimentación y al cobijo dignos se vieron ampliamente limitados, empujando a grandes grupos humanos, obligados por su condición, a obviar las medidas de bioseguridad, incrementando así el riesgo al latente contagio. Es así que la actividades de flujos migratorios se territorializan en el espacio público con características mutantes para cobijar a estos grupos humanos con la improvisación de ofertar un hogar a personas en situación de calle.
La irregularidad vivencial de los grupos migrantes se evidencia en la ausencia de documentación que condiciona su calidad de vida con limitaciones en atención médica y seguridad social altamente atribuibles al trabajo informal. Esta situación limita el ejercicio de derechos ciudadanos, generando barreras de acceso a servicios públicos como la salud y la educación, por ejemplo, aunque si bien el acceso a la salud es un derecho universal, muchos migrantes no acuden a centros de salud por el  temor a ser descubiertos en su situación, o por escapar de la discriminación atribuibles a barreras culturales como el idioma o el acento diferente.
La población migrante se constituye en un importante sector de comercio y prestación de servicio informales nómadas que se movilizan por regiones en rutas tanto urbanas como metropolitanas, locales y nacionales y, lamentablemente, con una alta posibilidad de adquirir y transmitir el virus.
El cierre de fronteras como primera medida adoptada para controlar la pandemia, perjudica el flujo migratorio y las personas paulatinamente desisten de migrar, haciendo que los flujos de remesas sean menores, perjudicando a las economías regionales y, por supuesto, a la economía global. Estas reflexiones permiten categorizar dos escenarios donde la migración y el COVID-19 tiene efecto, los contextos origen y los destino, en los primeros las limitaciones migratorias inhiben el movimiento económico por la disminución de remesas, mientras que en los contextos destino, la territorialización de la población migrante va en paralelo con la ausencia de servicios básicos y, por supuesto, aumentando por ello el riesgo al contagio y transmisión del virus.
La población migrante se establece en contextos destino, generalmente apegados a la informalidad, haciendo que la planificación urbana y territorial sufra limitaciones y así el diseño de políticas que beneficien a esta población se vea ausente o escaso y,de esta manera, la acción pública los deja ausentes de servicios y atención, reflejando como consecuencia mayor vulnerabilidad marcada en un incremento de transmisión y contagio del virus.
Migrar implica marcados cambios y ajustes vivenciales para adaptación a nuevos contextos, sociales, económicos, culturales, etc.; situación que puede tener consecuencias psicológicas negativas. A este problema sumar al COVID-19, implica cargar con mucha carga emocional al migrante que, además, presenta mayor vulnerabilidad en relación a la población estable, empujando a comportamientos no precisamente regulares causados por su situación y que se reflejan negativamente en el territorio.
La población migrante es generalmente estigmatizada y discriminada, muchas veces acusada injustamente de transportar enfermedades, donde la estigmatización se da no solo en el país destino, sino también en el origen ya que el retorno de lugares con un alto índice de contagio genera desconfianza que deriva en discriminación para el migrante que retorna.
Resta generar políticas diseñadas en base a reflexiones conjuntas  entre diversos actores para ayudar a sobrellevar la pandemia, que por lo visto da para largo y donde el fenómeno de la migración no puede estar ausente de la reflexión.

CULTURA, ZOOCIUDAD Y TERRITORIO


JAIME ALZÉRRECA PÉREZ
Docente e investigador IIACH- UMSS
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