El gobierno de Francia inició el proceso para aprobar una Ley que pretende subir la edad de jubilación de 62 a 64 años de edad a partir del 2030 e incrementar los años de aporte de 42 a 43 a partir de la gestión 2027. Esta situación, ha derivado en un conjunto de movilizaciones sociales por parte de diferentes sindicatos y la población del país galo, quienes rechazan dicha medida.

El propósito del gobierno francés, de incrementar la edad de jubilación y los años de aporte, se da debido al alto costo que representa el sistema de pensiones en Francia, que durante la gestión 2021 representó cerca del 14% del PIB y con tendencia a incrementarse en los próximos años, cifra que sobrepasa el promedio de los países que conforman la OCDE, 8% con relación al producto. A su vez, se proyecta un déficit de entre 0,3 y 0,4% con relación al PIB para los próximos años, razón por la cual es declarada como insostenible. 

El sistema de pensiones francés es de reparto en el cual los aportes pagados por los cotizantes de hoy sirven para pagar las pensiones de los actuales jubilados, es decir, se basa en una forma de solidaridad intergeneracional, este sistema es aplicado desde mediados del siglo XX. En el mismo, la edad de jubilación es a los 62 años, tanto para varones como para las mujeres, edad baja para la jubilación de las personas si consideramos que en los países de Europa es superior a los 65 años.

Otra característica de la citada propuesta es que los franceses deberán trabajar un mínimo de 43 años para obtener una pensión completa a partir de 2027, aspecto que incrementa los años de trabajo, un año más que la actual norma. Un país con una esperanza de vida al nacer que promedia los 83 años, se constituye, conjuntamente con Alemania, en un referente del sistema de reparto, pero que en la actualidad atraviesa por serios problemas de sostenibilidad.  

Este escenario admite efectuar algunas comparaciones con relación a nuestro país, salvando las diferencias existentes entre un país y otro, pero pudiendo establecer algunos criterios de comparación; es así que una primera diferencia de carácter estructural estriba en que el sistema de pensiones francés, como ya se mencionó, es de reparto, mientras que en nuestro país es de capitalización individual con un componente solidario. 

Un segundo elemento, que se puede considerar importante, es que mientras en Francia se pretende subir la edad de jubilación hasta los 64 años, dos años más que en la actualidad, en Bolivia con la Ley N° 1732 del 26 de noviembre de 1996, se estableció los 65 años de edad para la jubilación, inclusive superior a la edad que propone el país europeo en la actualidad, aspecto que se modificó mediante Ley N° 065 de Pensiones de 10 de diciembre de 2010, permitiendo que los aportantes puedan jubilarse a los 58 años de edad. 

Otro criterio a comparar representa los años de aportes, mientras en Bolivia se puede jubilar con 10 años de aporte, en Francia es necesario contar con 42 años de aportes para una jubilación completa, gran diferencia de años de trabajo, si consideramos una realidad con la otra.

Un elemento central, que se añade a las comparaciones precedentes, representa la protección de género en materia de pensiones. Mientras que en el país galo no existe una diferencia en la jubilación entre hombre y mujeres, en nuestro país sí, las mujeres que aportan al Sistema de Pensiones pueden adelantar un año de jubilación por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres, pudiendo jubilarse a los 55 años de edad; o en caso de haber cumplido los 58 años de edad, pueden beneficiarse del incremento de un año más de aportes por cada hijo nacido vivo, hasta un máximo de tres años de aportes.

En un mundo globalizado, las protestas que se están suscitando contra la reforma de pensiones en Francia, reflejan el descontento de los trabajadores y jubilados del país galo, aspecto que debe servir de reflexión cuando evaluamos la normativa de pensiones boliviana. 

FORO

GUSTAVO GÓMEZ

Economista

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