En la década de los 70, como consecuencia de los petrodólares, el gobierno boliviano accedió fácilmente a créditos por parte de entidades internacionales. No obstante, debido, entre otros, a la caída de los precios internacionales de los bienes primarios, incremento de las tasas de interés de los créditos internacionales y políticas inadecuadas, provocaron que la deuda externa se convierta en impagable. Bolivia y otros países de la región se vieron en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, por lo que se inició un periodo de crisis económica marcada por un proceso inflacionario que derivó en una hiperinflación.

Entre el año 1982 y 1985, nuestro país atravesó un periodo de inestabilidad económica con un permanente incremento de precios y sus consecuentes efectos devastadores que afectaron a toda la población que día a día veía cómo el costo de los productos se incrementaba; la escasez, el agio y la especulación apremiaban afectando el bolsillo de la población, en particular de los más vulnerables.

Los precios de los productos de primera necesidad se incrementaban permanentemente, inclusive en horas, mientras el gobierno de turno adoptaba medidas para tratar de controlar el precio de los productos mediante un “listado de precios” que establecía un precio fijo para cada producto de la canasta familiar controlado por las autoridades respectivas. Sin embargo, en los centros de abasto no se aplicaba dicha medida creando desequilibrios en el mercado.

La tasa de inflación promedio se incrementó de 124% en 1982, 276% en 1983, 1.281% en 1984 hasta llegar a 11.750% en 1985, pasando rápidamente de una inflación, inflación galopante llegando a una hiperinflación, en términos económicos.

Debido a la incertidumbre y las expectativas, el exceso de demanda de productos de la canasta familiar se incrementaba permanentemente en los mercados, las filas para comprar productos de primera necesidad generaban la escasez y subida de los mismos. Era recurrente observar en las panaderías, desde la madrugada, largas colas para conseguir unidades de “pan de batalla” que inclusive se vendía con un límite de compra para evitar el acaparamiento y la especulación, siendo que, en muchos casos, este bien representaba el alimento principal de la familia.

La moneda de refugio era el dólar, que continuamente se apreciaba con relación al peso boliviano con un tipo de cambio paralelo promedio que pasó de 144 a 718.486 pesos bolivianos por dólar entre el año 1982 y 1985, mientras que el tipo de cambio oficial promedio pasó de 69 a 451.057 pesos bolivianos por dólar en el mismo periodo de tiempo, marcada diferencia que se reflejaba en el centro financiero de la época, calle “Camacho”.

El costo para detener la hiperinflación fue muy alto. En 1985, a través de una serie de medidas entre las que se incluía la vigencia de una nueva moneda nacional, el boliviano, en reemplazo del devaluado peso boliviano, la creación del bolsín para controlar el tipo de cambio y finalmente la “relocalización” de los trabajadores, principalmente mineros, representó el establecimiento de un nuevo modelo económico bajo lineamientos internacionales.

La memoria colectiva de una generación que vivió las vicisitudes de la hiperinflación es consciente de las consecuencias y repercusiones que tiene una crisis económica y la subida permanente de precios. El hecho de encontrar los artículos de primera necesidad en un supermercado, ferias zonales y hasta en la tienda de barrio, al parecer es un hecho normal en la actualidad, no obstante, la generación que vivió los años 80 recuerda la crisis vivida, aspecto que esperemos no se vuelva a repetir.

En un contexto de inflación externa, que está afectando al mundo y a países vecinos, es importante destacar las medidas económicas responsables adoptadas por parte del Gobierno, que están permitiendo mantener la estabilidad de los precios en el mercado nacional y de esta manera evitar las desavenencias de un proceso inflacionario.