En los últimos días, diferentes opinadores emitieron criterios con relación a la administración de los aportes de los jubilados por parte de la Gestora de Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora), empresa pública nacional estratégica, por considerar al Estado como un mal administrador de recursos.

El Estado cumple diferentes roles preponderantes en la Seguridad Social de Largo Plazo, tanto para el sistema de reparto como de capitalización individual, que van más allá de la administración de los mismos, gestionando, viabilizando y asignando recursos con el objeto de permitir una vejez digna para todos los adultos mayores, bajo el principio de la universalidad.

Desde la promulgación del Código de Seguridad Social, Ley de 14 de diciembre de 1956, cuyo propósito fue el de proteger a los trabajadores y sus familias de la enfermedad, maternidad, riesgo profesional, invalidez, vejez y muerte, el Estado se constituyó en el responsable de la administración e implementación del citado Código.

Décadas después, con la aplicación del modelo económico iniciado el año 1985 y el proceso de privatización de las empresas estatales, establecida mediante Ley de capitalización del año 1994, el cual tenían por objeto la reducción de la participación del Estado en la actividad económica, la administración del sistema de reparto representó un obstáculo para la implementación del modelo de mercado y sus reformas.

Por su parte, el incremento de la esperanza de vida al nacer, debido al desarrollo de la medicina y los hábitos alimenticios, asimismo, la informalidad y el menor crecimiento de los nuevos afiliados aportantes, produjeron que las obligaciones económicas del Estado se extiendan por un tiempo mayor al previsto, situación reflejada en la “Pirámide poblacional”, donde la población de los adultos mayores se incrementa en un porcentaje mayor a la población de asegurados activos y aportantes, una relación que tuvo como consecuencia la insostenibilidad del sistema de reparto.

Estos elementos, sumados a los casos de corrupción por parte de directivos del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), derivaron en la quiebra de dicho sistema, dando paso al nuevo “Sistema de capitalización individual”, cediendo la administración de los aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), entidades privadas.

Las consecuencias de estas problemáticas tuvieron que ser asumidas por el Estado que año tras año tiene que presupuestar recursos para pagar a los rentistas, destinando del Tesoro General de la Nación (TGN), en la gestión 2021, más de 4 mil millones de bolivianos para cumplir con este pago.

El sistema de capitalización individual, iniciado mediante la Ley N°1732 de 29 de noviembre de 1996, llegó como la gran solución para remplazar al sistema de reparto, en el mismo, los asegurados aportan en una cuenta individual, de una AFP, recursos para su capitalización. Sin embargo, un segmento de la población no pudo cumplir con los requisitos para la jubilación, debido al número de aportes y la edad de jubilación, por lo que se generó una compensación a cargo del TGN, otorgada a los afiliados, por cotizaciones efectuadas al sistema de reparto, recursos que representaron más de 3 mil millones de bolivianos el año 2021.

Con la implementación de la capitalización individual, se observó que la “Pensión de vejez” no cubría las necesidades de los jubilados, teniendo que establecer el componente “solidario” que prevé la Ley N°065 de Pensiones del año 2010, creando de esta manera la “Pensión solidaria de vejez”, medida que incrementa significativamente las pensiones de los jubilados.

Por otra parte, el Estado, por aporte patronal solidario y prima de riesgo profesional, asignó, el año 2021, más de mil millones de bolivianos. Asimismo, cumple con el pago de la Renta Dignidad, régimen no contributivo, erogando más de 4 mil millones de bolivianos en el mismo periodo de tiempo.

Como se puede establecer, el Estado cumple un rol activo y permanente en el Sistema de Seguridad Social de Largo Plazo, precautelando, protegiendo y beneficiando a los rentistas y jubilados, así como a los adultos mayores no rentistas; no obstante, los problemas que tuvo el sistema de reparto, en el siglo pasado, son parte de una historia irrepetible.